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AP.- En una zona montañosa del sur de la Ciudad de México, brigadas de guardabosques y voluntarios plantan pinos de apenas unos centímetros entre ramas rotas y troncos cortados en un claro que antes era un bosque tupido. Por momentos suena a lo lejos el zumbido intermitente de una motosierra.
“Ya se acabaron el monte”, dijo con tristeza Alfredo Gutiérrez, de 43 años, de la comunidad capitalina de San Miguel Topilejo. Hace un año “se veía oscuro aunque hubiera sol de tanto árbol que había”.
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Más de la mitad de la Ciudad de México es una zona rural y casi el 20% son áreas naturales protegidas, entre ellas, bosques situados al sur que garantizan la recarga de los acuíferos que abastecen a la mayoría de los 20 millones de habitantes de la capital y sus suburbios, árboles que limpian el aire contaminado de la urbe y sirven para contener las altas temperaturas.
El gobierno de la Ciudad de México inició hace dos meses operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y otras instituciones y ha incrementado sus labores de reforestación, pero sólo un pequeño porcentaje de esos árboles saldrán adelante y tardarán años en crecer mientras los taladores siguen arrasando con los árboles más grandes y antiguos, los que más dióxido de carbono absorben.
La ciudad tiene 150 mil hectáreas. De acuerdo con la organización Global Forest Watch, que mide la deforestación en todo el mundo, la capital tenía 40 mil 500 hectáreas cubiertas de árboles en 2010. En 2022 perdió 49 hectáreas, más que en los cuatro años previos juntos.
Pablo Amezcua, ingeniero en recursos naturales y asesor de las autoridades de San Miguel Topilejo, también ha registrado un aumento en la tala. Según sus datos, antes de 2020 sólo había unas 200 hectáreas afectadas por la tala en el pueblo, ahora hay unas 2 mil 400.
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Las denuncias también crecieron. Según datos de la Plataforma de Transparencia del gobierno, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene registradas 122 denuncias por tala en la Ciudad de México desde 2013, 62 de ellas en los primeros siete meses de este año.
Los camiones de brigadistas y guardabosques de Topilejo —algunos trabajadores directos del gobierno, otros vecinos financiados por las autoridades locales a través de proyectos sociales— avanzaban por un camino en el que apenas cabía el vehículo después de participar en una jornada de reforestación con estudiantes y familias para concienciar sobre el cuidado de los bosques.
Un joven de 24 años al volante miraba a ambos lados. La última vez que pasó por ahí, dos días antes, había árboles donde ahora se veían troncos cortados y una maraña de ramas rotas que ellos luego limpiarían para que sean menos peligrosas en caso de incendio.
Casi todos los pobladores de San Miguel Topilejo piden que se resguarde su nombre por miedo. Los taladores no se andan con juegos: el compañero de 58 años que va de copiloto dice que lo hirieron de bala en el abdomen en noviembre una vez que intentaron detenerlos. Antes había tenido que salir durante más de un año de su comunidad porque habían amenazado a su familia.
México es el país más letal del mundo para los activistas ambientales, según el último informe de la organización no gubernamental Global Witness que contabilizó 54 asesinatos en 2021. Este año dos ambientalistas fueron asesinados en junio cerca de la capital, en el vecino Estado de México, en una zona protegida cerca de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
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Los guardabosques de San Miguel Topilejo dicen que el aumento de la tala se debe a que muchos delincuentes que estaban en el negocio del combustible robado se pasaron a esta actividad cuando el gobierno federal empezó a cerrar espacios a ese negocio ilegal con intensos operativos en 2019.
Sin embargo, Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, aseguró que el problema viene de mucho antes y que en él se cruzan muchos intereses, entre ellos los inmobiliarios, y diversos actores como el crimen organizado.
Al aumentar el número de grupos vinculados a la tala fuertemente armados, muchos de los que cuidaban el monte se sintieron desbordados, comenzaron a exigir más ayuda y cerraron carreteras en señal de protesta.
Fue entonces, a fines de junio, cuando el gobierno de la ciudad inició los operativos conjuntos entre distintos departamentos, autoridades de varios estados y más de 500 militares.
En los primeros días de agosto, el jefe de Gobierno de la ciudad, Martí Batres, dijo que se habían desmantelado 32 madereras y 28 aserraderos clandestinos en la capital y una docena más en el estado de Morelos y que se habían identificado cinco grupos criminales altamente organizados.
“Llegan a un lugar, encuentran ciertas condiciones, montan el aserradero, cortan árboles, pero rapidísimo, o sea en una mañana o en una noche, los empiezan a procesar y luego levantan el aserradero” y lo ponen en otro lugar, explicó.
Batres aspira a cerrar el mercado de madera ilegal y reformar las leyes locales para que el delito de la tala sea castigado más severamente. Ahora es difícil procesar a muchos de los detenidos, en parte, porque los pobladores tienen miedo a declarar contra ellos.
Los taladores han reaccionado agresivamente a los operativos quemando camiones de las brigadas y hasta, en una ocasión, rociando con gasolina a los propios militares, confirmaron vecinos y un soldado.
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