Por Jorge Monroy
Desde la aprobación de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en abril del 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 291 quejas, denuncias o vistas; de las cuales se han registrado 89 procedimientos especiales sancionadores, 25 cuadernos de antecedentes y se ha determinado la incompetencia respecto de 177 casos.
La reforma fue publicada el 13 de abril del 2020, y otorgó la facultad al INE a efecto de decretar medidas de protección con el objeto de salvaguardar la integridad física, emocional y la vida de las víctimas.
A partir de ello, el Instituto cuenta el Protocolo para la Atención a Víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
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De las 291 quejas, vistas o denuncias, las conductas denunciadas que más se manifiestan son los ataques en redes sociales (94 casos), seguido de la obstaculización en el ejercicio de las funciones (38 casos), y en tercer lugar se presentan los ataques en medios de comunicación con 25 quejas.
Cabe resaltar que, en los ataques en redes sociales se engloban aquellas conductas mediante las cuales se denuncian publicaciones en plataformas digitales como lo son Facebook, X (antes Twitter), TikTok, YouTube, medios de comunicación digital, entre otras.
Por lo que respecta a las víctimas, se ha identificado un total de 373 mujeres. Asimismo, se ha registrado a un total de 659 probables infractores (personas físicas, personas morales y partidos políticos).
De las 373 víctimas, las diputadas federales ocupan el primer lugar, ya que 86 han presentado denuncia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género ante el INE, lo que representa el 23%; seguidas de candidatas a diputadas federales (42) con el 11% y en tercer lugar ciudadanas (28) con un 8 por ciento.
De los 659 probables infractores, el 18.4% fueron personas morales, partidos políticos y medios digitales (121), mientras que el 81.6% son personas físicas (538).
Al respecto, 401 hombres han sido denunciados o identificados como probables responsables, siendo el género con mayor índice de denuncias, ya que representan el 74.5% de la totalidad de las personas físicas denunciadas; el 24.5% restante son mujeres (137), lo que evidencia que el hecho de ser del mismo género no es un obstáculo para ejercer violencia.
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En cuanto a las medidas cautelares decretadas, la mayoría fue ordenar el retiro de las publicaciones denunciadas en redes sociales, medios de comunicación o en plataformas de medios digitales.
Las publicaciones denunciadas y retiradas se encuentran vinculadas a quejas donde la materia de estas son ataques en redes sociales.
En dichas publicaciones se han advertido contenidos que denotan una desvalorización de las mujeres en los espacios públicos con base en estereotipos de género y que las mismas conllevan el menoscabo en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales.
Finalmente, respecto a las medidas de protección que las víctimas más solicitan se encuentra la prohibición de conductas de intimidación o molestia.
En el 80% de los casos (cuatro asuntos) en los que han resultado procedente el otorgamiento de medidas de protección, se encuentran la prohibición al denunciado de acercarse al domicilio o cualquier lugar donde se encuentre la víctima y, la prohibición al denunciado de intimidar o molestar por si, por cualquier medio o interpósita persona, a la víctima.
