El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Bueno Zertuche, presentó este martes un punto de acuerdo ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en el que plantea frenar la distribución de los nuevos libros e imprimir los anteriores para el ciclo escolar 2023-2024.
A través de un comunicado, el diputado señaló que el contenido de los nuevos libros no refleja lo que vive la sociedad “porque se ajustan a las necesidades y expectativas personales, sin observar los mandatos legales relativos a los debidos procesos de consulta”.
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Asimismo, señaló que los errores y “adiciones tendenciosas” que hay en los nuevos libros de texto “provocan un déficit de conocimiento que obliga a parar su distribución”.
“Están formulados de manera unilateral, representan un retroceso educativo y proceso de revisión acelerado y superficial”, indicó.
En el mismo punto de acuerdo, el diputado priista solicitó que en las conferencias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre los nuevos libros de texto, se revise los contenidos con expertos en mesas de trabajo.
El lunes, una jueza federal concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) con el efecto de frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 y ordenó a la dependencia educativa utilizar los materiales y planes de estudio aprobados para el periodo pasado.
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En la audiencia constitucional del 18 de agosto, Yadira Medina, jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó conceder el amparo a la organización, de acuerdo con una notificación publicada este lunes.
El amparo tiene el efecto de ordenar a las autoridades federales y locales de la SEP establecer una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, el periodo pasado.
Lo anterior, estableciendo “un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa”.
Además, las autoridades federales deberán gestionar los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia, determinó la juzgadora.
