Por Fidel Pérez/Corresponsal
Veracruz, Ver.- Rogelio Franco Castán, perredista y exsecretario de Gobierno durante el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares, fue puesto bajo resguardo domiciliario al ser modificada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá pagar una garantía económica de 500 mil pesos y tiene prohibido acercarse a la víctima.
Tras dos años y medio de permanecer preso en el penal de Amatlán de los Reyes, ubicado en la zona centro de Veracruz, su hija Viviana Franco, y su madre, Mercedes Castán González, divulgaron un video en el que, llorando, mostraron su alegría, acusando además “una persecución (política)” contra Franco Castán.
Ya en su domicilio, el ex dirigente estatal del PRD seguirá los procesos por extorsión, violencia familiar y retención, pero el abogado defensor Luis Enrique Lira consideró que el juez actuó de manera excesiva al imponer una garantía económica de 500 mil pesos, que se abona a las otras medidas cautelares que ya ascendieron a 3 o 4 millones en los tres procesos que se siguen en su contra, que habrá de apelarla.
Luego de la audiencia, tanto la hija como la madres de Franco Castán se dijeron “muy contentas” por el dictamen porque “nos hace mucha falta”, aunque revelaron que los dos años y medio en prisión los aprovechó porque “hizo mucho ejercicio y leyó muchísimo, hacía sus ciclos de lectura”.
La prisión domiciliaria impuesta a Rogelio Franco Castán se da coincidentemente con la aprehensión esta misma tarde del ex dirigente estatal perredista, exsenador, exdiputado, tres veces alcalde de Angel R. Cabada y excandidato a la gubernatura Arturo Hérviz Reyes, por el presunto delito de daño patrimonial cometido durante su administración como presidente municipal.
Franco Castán fue detenido el 13 de marzo de 2021 por ultrajes a la autoridad. En aquel entonces, fue acusado de violencia intrafamiliar, delito por el que era investigado desde 2016, cuando era secretario de Gobierno de Veracruz.
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Tras su detención, también se le vinculó a proceso por el delito de ultrajes y contra las instituciones públicas, cargos que se le imputaron tras presuntamente agredir de forma física y verbal a un elemento ministerial que ejecutaba una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar.
Al perredista se le dictó prisión preventiva y su partido buscó registrarlo como diputado federal para la actual Legislatura a pesar de que enfrentara procesos penales. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, determinó que no podría asumir al estar vinculado a proceso.
