Una jueza federal incluyó los planes de estudio promulgados hace dos días por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como medios de prueba en el juicio de amparo contra la distribución de los nuevos libros de texto promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Según una notificación publicada este jueves, Yadira Medina, jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó incluir los planes de estudio, publicados el 15 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el expediente del caso.
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“En esas condiciones, se tienen como medios de prueba las documentales publicadas en el DOF, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, con las que se ordena dar cuenta en el momento procesal oportuno y se ordena su impresión y certificación de obtención electrónica para que obren en este expediente”, dice la notificación.
Desde finales de mayo, la jueza concedió una suspensión definitiva a la organización de padres de familia con la que se ordenó a la SEP acreditar que los nuevos libros de texto cumplieran con la normativa y todos los procedimientos legales.
Entre los requisitos, la dependencia educativa tenía que acreditar que los libros se hicieron conforme a programas y planes de estudio previamente aprobados y vigentes para el ciclo escolar 2023-2024.
La jueza determinó que si la SEP no había cumplido con dichos requerimientos, debía abstenerse de continuar con la impresión y distribución de los libros, lo que no fue acatado por la dependencia educativa.
El 15 de agosto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) de la SEP notificó a la jueza que estaba imposibilitada de cumplir la suspensión definitiva, por lo que la juzgadora le advirtió que podría enfrentar sanciones en caso de no acatar la orden judicial.
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Ese mismo día, la SEP publicó los nuevos planes de estudio para educación básica que se aplicarán en el nuevo ciclo escolar (2023-2024) casi dos semanas antes de que inicien las clases.
La jueza programó para el 18 de agosto la audiencia constitucional en la que resolverá el juicio de amparo y determinará si frena o no la distribución de libros de texto.
Hasta el momento, los gobiernos de Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Nuevo León suspendieron la entrega de libros en tanto se resuelve el juicio de amparo.
