Organizaciones civiles respaldaron a los expertos del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) y exigieron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a las Fuerzas Armadas entregar archivos sobre la Guerra Sucia, periodo de represión estatal entre las décadas de 1960 y 1990.
En un comunicado, las organizaciones recordaron que el mecanismo es parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, creada en octubre de 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Señalaron que el 28 de febrero de 2019, el presidente ordenó a las dependencias de gobierno transferir al Archivo General de la Nación (AGN) la totalidad de los documentos históricos relacionados a violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas en la Guerra Sucia.
Sin embargo, acusaron que pese a la voluntad política, los expertos del MEH han enfrentado obstáculos para acceder a los archivos, lo que obstruye su investigación.
“El MEH surge de la voluntad del actual gobierno para investigar y comunicar las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente, sin embargo, los obstáculos a los que se enfrenta para acceder a documentación relevante ponen en entredicho tal voluntad”, destacaron.
Para finalizar, las organizaciones resaltaron que los archivos y los documentos históricos son indispensables para comprender las violaciones pasadas y presentes en el país.
El pronunciamiento fue firmado por organizaciones como el Centro Prodh y Artículo 19.
Ayer, el MEH señaló en un pronunciamiento que “ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías”.
Acusó que Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI han incumplido con la orden de abrir los archivos.
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Las Fuerzas Armadas acumulan acusaciones de obstruir información sobre violaciones a derechos humanos, como denunció el mes pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
