Por Jaime Luis Brito/Corresponsal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este martes que fue desechada la controversia constitucional 403/2023 interpuesta por el Congreso de Morelos contra diversas autoridades, y que reclamaba la detención del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara el pasado 4 de agosto.
En la lista de notificaciones sobre el trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se establece que este 15 de agosto “se desecha de plano, por notoriamente improcedente la demanda” que presentó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala.
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La demanda fue interpuesta el pasado 8 de agosto y tenía como objeto “defender la autonomía y la soberanía del estado de Morelos”; además, pedía que se determinara si las autoridades involucradas en la detención de Uriel Carmona tenían facultades para emitir órdenes de aprehensión y detener a funcionarios públicos en una entidad distinta a la Ciudad de México.
La controversia 403/2023 fue turnada al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Desde el Legislativo morelense no se emitió hasta ahora una comunicación oficial sobre el revés que ha sufrido en esta instancia su demanda. Sin embargo, fuentes internas del Congreso informaron que se hará un posicionamiento en cuanto se haga la notificación oficial de la resolución y que no se descarta recurrirla a través de un recurso de reclamación.
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El 4 de agosto pasado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acompañados de efectivos de la policía de Morelos y de la Marina, montaron un operativo que sitió la casa del fiscal Uriel Carmona en Cuernavaca. Luego de cuatro horas, el funcionario decidió entregarse ante la inminencia del ingreso violento de las fuerzas a su domicilio.
Además de estas tres instancias, en la operación participaron el Poder Judicial de la Ciudad de México y su homólogo de Morelos, quienes emitieron las órdenes de aprehensión y cateo; además de la Fiscalía General de la República (FGR), que también estuvo involucrada.
Al respecto, el 8 de agosto, el Congreso local a través de su presidente, presentó la demanda de controversia constitucional, cuatro días después de la detención del fiscal.
