Foto: Cuartoscuro
Por Fernando Miranda/Corresponsal
A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar las informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario, la dependencia no ha cumplido con la sentencia ni ha mostrado disposición alguna para abrir sus archivos para dar con su paradero, informó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.
El comité también señaló que en la Fiscalía General de la República (FGR) existen por lo menos 32 actos de investigación que se han solicitado y que aún no se han realizado, entre ellos solicitar los informes de inteligencia militar elaborados por la Octava Región Militar en Oaxaca del año 2007 donde se hace mención sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y un nuevo análisis de sábanas del teléfono de Edmundo, el cual estuvo activo cuatro meses después de su detención y desaparición.
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Así como solicitar la comparecencia del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, entre otros actos de investigación.
El 10 de agosto de 2022 la SCJN emitió la sentencia del amparo en revisión 51/2020 a favor de los familiares víctimas de desaparición forzada, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos y desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca.
Esta fue la primera sentencia de la Corte por un caso de desaparición forzada cometida en contra de dos luchadores sociales, y en ella se reconoce a este crimen no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de Estado.
Asimismo, ordena la realización de una serie de medidas de reparación integral que obligan al Estado a investigar y buscar a las víctimas hasta dar con su paradero y enjuiciar a los responsables.
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Sin embargo, a 12 meses de la sentencia, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, denunció que se han enfrentado a diversos obstáculos, entre ellos que la Sedena dilató el proceso de conformación de la Comisión Especial de Búsqueda al no presentarse en las primeras reuniones, y la negativa de citar a declarar a sus mandos militares en instalaciones de la FGR, actos que retrasaron por varios meses la comparecencia de mandos militares como lo establece la sentencia y que hasta la fecha faltan algunos mandos por declarar.
La Sedena también se tardó en publicar un extracto de la sentencia en un diario oficial, como parte del reconocimiento de su responsabilidad.
El Comité también denunció que las autoridades no han detenido al ex procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y a Pedro Hernández, excomandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de la Procuraduría de Oaxaca, prófugos de la justicia desde hace casi tres años por su responsabilidad directa en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel.
Mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró, no quiere reconocer que la detención desaparición forzada de los eperristas se dio en un contexto que inicia, por lo menos, desde el año 1996, cuando se diseña, desde el Estado mexicano, la política contrainsurgente en contra del EPR.
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