La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este miércoles que impugnará la decisión del juez que ordenó liberar a la jueza Angélica Sánchez Hernández, ya que concluyó que las autoridades estatales violaron una suspensión provisional que le fue concedida a la acusada.
“La Fiscalía General del Estado combatirá esa resolución a través de los recursos que le da la Constitución y la Ley de Amparo para que sea revisada por un Tribunal Colegiado de Circuito”, dijo la fiscalía estatal.
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A través de un comunicado, la fiscalía señaló que acatará la resolución de la jueza Daniela María León Linarte, jueza decimoquinta de Distrito en Veracruz, aunque no comparte su criterio.
“Es muy claro que el 09 de junio de 2023, fecha en que se concedió la suspensión provisional, aún no existía la orden de aprehensión que se ejecutó contra Angélica “N”, pues esta es de fecha 16 de junio de 2023”, señaló la fiscalía.
Asimismo, apuntó que la suspensión provisional sólo la protegía contra actos emitidos hasta la fecha de la presentación del amparo y no contra los actos que fueran dictados con posterioridad al otorgamiento de la suspensión.
“Es claramente ilegal, pues en el juicio de amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos”, señaló la fiscalía.
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De igual forma, la fiscalía de Veracruz indicó que dicha resolución “no afecta el fondo del proceso penal, por lo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos, en los que presuntamente está involucrada Angélica ‘N’”.
La jueza Angélica Sánchez Hernández permanecía en prisión domiciliaria y con esta resolución se le retirarían las medidas cautelares impuestas.
El pasado 21 de junio, Sánchez Hernández fue vinculada a proceso en Veracruz durante una audiencia privada, en donde establecieron un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La fiscalía estatal afirmó que la carpeta de investigación por el delito contra la fe pública se inició por una denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la jueza, tras “haber realizado una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar”.
La acusación surgió luego de que la jueza ordenó liberar al presunto narcotráficante Itiel “N”, alias “El Compa Playa”.
