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Reuters.- La Suprema Corte de Estados Unidos falló a favor de una solicitud de la administración del presidente Joe Biden para restablecer —al menos por ahora— una regulación federal destinada a controlar las armas de fuego de fabricación casera, que han sido denominadas ghost guns (pistolas fantasma) que son difíciles de rastrear para la justicia estadounidense.
Los jueces suspendieron la decisión del 5 de julio del juez federal de distrito Reed O’Connor, en Fort Worth, Texas, que había bloqueado la regulación nacional de 2022, buscaba frenar el aumento en el uso de armas caseras sin número de serie en tiroteos y crímenes, en espera de la apelación de la administración.
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La decisión fue 5-4, con el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza conservadora Amy Coney Barrett uniendo fuerzas con los tres jueces liberales de la Corte para conceder la solicitud de la administración. Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh reprobaron la decisión.
O’Connor acusó que la administración abusó de su autoridad bajo una ley federal de 1968 llamada Ley de Control de Armas al implementar la regla de las armas fantasma, armas de fuego que se ensamblan de forma casera y que no tienen los números de serie habituales requeridos por el gobierno federal.
La regla, emitida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para abordar la rápida proliferación de armas caseras, prohíbe los kits para ensamblar pistolas que las personas pueden obtener en línea o en una tienda sin verificación de antecedentes. Los kits se pueden convertir rápidamente en un arma de fuego funcional.
La regulación aclaró que las “armas fantasma” califican como armas de fuego, de acuerdo con la Ley de Control de Armas, ampliando la definición de arma de fuego para incluir piezas y kits que pueden convertirse fácilmente en un arma. Requería números de serie y que los fabricantes y vendedores cuenten con licencia. Los vendedores bajo la regla también deben realizar verificaciones de antecedentes de los compradores antes de una venta.
La encuesta de Reuters/Ipsos del martes encontró que el 70% de los estadounidenses apoya la regulación de que las armas fantasma tengan números de serie y sean únicamente producidas por fabricantes autorizados. La idea obtuvo apoyo bipartidista entre los encuestados, con el 80% de los demócratas y el 61% de los republicanos a favor.
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En 2021, se informó a la ATF que alrededor de 20 mil presuntas armas fantasmas habían sido recuperadas por la policía en investigaciones criminales, un aumento de diez veces desde 2016, según las estadísticas de la Casa Blanca.
El 27 de julio, la administración de Biden pidió a los jueces que detuvieran el fallo de O’Connor que invalidaba la restricción del Departamento de Justicia sobre la venta de kits de armas fantasma mientras apelaba al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva Orleans.
Alito, quien maneja asuntos de emergencia que surgen de un grupo de estados, incluido Texas, bloqueó al día siguiente de manera temporal la decisión de O’Connor de dar tiempo a los jueces para decidir cómo proceder.
La administración dijo que permitir que se mantuviera el fallo de O’Connor se permitiría un “flujo irreversible de grandes cantidades de armas fantasma imposibles de rastrear en las comunidades de nuestra nación”.
Los demandantes, incluidos varios propietarios de armas, fabricantes de piezas y dos grupos que defienden los derechos de armas, la Coalición de Políticas de Armas de Fuego y la Fundación de la Segunda Enmienda, presentaron una demanda para bloquear la regla en un tribunal federal de Texas. Afirmaron que la regla violaba la Ley de Control de Armas, presentando la política como una amenaza a la larga historia de armería privada legal en los Estados Unidos.
O’Connor bloqueó la regla que calificó como una extralimitación y concluyó que la definición del Congreso de un arma de fuego “no cubre partes de armas, o la agregación de partes de armas, independientemente de si las partes pueden ensamblarse fácilmente en algo que puede disparar un proyectil”.
El juez también rechazó la preocupación de la administración de que tal fallo permitiría que delincuentes, menores y otras personas legalmente restringidas para poseer un arma de fuego pudieran fabricar una fácilmente.
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“Aunque fuera cierto que tal interpretación crea lagunas que, como cuestión de política, deben evitarse”, escribió O’Connor, “no es función del poder judicial corregirlas”.
Estados Unidos, con la tasa de propiedad de armas más alta del mundo, sigue siendo una nación profundamente dividida sobre cómo abordar la violencia con armas de fuego, incluidos los frecuentes tiroteos masivos.
En tres fallos importantes desde 2008, la Corte Suprema ha ampliado los derechos de armas, incluida una decisión en 2022 que declaró por primera vez que la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de una persona a portar un arma en público para defensa propia.
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