El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido este martes por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del 2022.
El aún fiscal fue trasladado a la Ciudad de México. Carmona no ha renunciado ni autoridades lo han destituido de su cargo, porque lo que aún conserva el nombramiento dentro del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos establece en el artículo 104 que en casos de la ausencia temporal, no mayor a noventa días, el fiscal general será sustituido por el fiscal Regional Metropolitano, que en este caso es Carlos Andrés Montes Tello.
Sin embargo, en caso de que la ausencia sea absoluta, la Constitución Política de Morelos en el artículo 79 Bis establece que se contará con 20 días para que el Ejecutivo estatal envíe una terna y el Congreso del estado designe al nuevo fiscal.
El nuevo fiscal deberá contar con dos de las terceras partes de los miembros del Congreso local y la designación también se puede dar en un periodo extraordinario en caso de que se encuentren en receso.
Asimismo, establece en su artículo 136 que un fiscal puede ser procesado penalmente aunque esté en funciones y que no se requerirá la declaratoria del Congreso del estado.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el fiscal Uriel Carmona no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales, debido a que cuenta con inmunidad o fuero constitucional.
Ante esta resolución, la Secretaría de Gobernación en un comunicado aseguró que sí existen elementos suficientes para señalar la falta del fiscal y que ha “generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad”.
“No aceptamos que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos”, señaló Gobernación.
De igual forma, la Constitución de México establece en su artículo 111 que para proceder penalmente contra un fiscal deberá ser acusado por delitos federales.
Actualmente, la FGR tiene una carpeta de investigación por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presuntas operaciones ilícitas provenientes del desvío de recursos públicos que involucran a familiares de Cuauhtémoc Blanco, entre ellos sus medios hermanos Ulises y Ricardo Bravo, además de amigos y colaboradores del mandatario.
El Ejército también tiene un reporte de presuntos nexos entre Carmona y la delincuencia organizada.
Este viernes, autoridades de la Ciudad de México informaron que la detención de Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, fue por delitos relacionados con las irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido a finales del 2022.
En conferencia de prensa, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) señaló que Carmona “probablemente entorpeció la procuración de justicia”. Además, dijo que con sus declaraciones durante la investigación se cometió discriminación de género y revictimización de la familia.
