El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión para aumentar hasta 53 años de prisión las penas contra quienes utilicen aeronaves no tripuladas o drones de forma intencional para atentar contra bienes, servicios públicos o personas.
La iniciativa fue publicada el martes en la gaceta parlamentaria del Senado y turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis. Se trata de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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En la exposición de motivos se destaca que en los últimos años diversas organizaciones delincuenciales han utilizado drones o artefactos aéreos no pilotados para transportar explosivos, mismos que son lanzados durante enfrentamientos con otros grupos criminales o autoridades.
“También se ha observado su uso en el transporte de droga y en el espionaje para obtener información privada de personas, fundamentalmente, del orden público, afectando así la paz social”, dice la iniciativa.
Asimismo, para vigilar los movimientos que hacen las autoridades contra la delincuencia organizada, actividad conocida como “halconeo”.
Por lo anterior, la iniciativa busca reformar el Artículo 139 del Código Penal Federal que establece una pena de 15 a 40 años de prisión contra quienes intencionalmente realicen actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o en contra de la integridad física y emocional de las personas.
Con la reforma, a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia, como drones, para cometer dichas conductas se aumentará hasta un tercio la pena, que serían de hasta 53 años de prisión.
También se establece una pena de 10 a 20 años de prisión contra quienes mediante el uso de aeronaves pilotadas arrojen cualquier objeto o artefacto explosivo e impacte alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
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Cuando el ataque sea dirigido a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena aumentará hasta 30 años de prisión.
En tanto, se imponen una pena de cinco a diez años de prisión a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, armas y drogas.
Por otra parte, la iniciativa busca incorporar en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a las aeronaves pilotadas a distancia adaptadas para transportar, activar o detonar explosivos como armas, municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La iniciativa fue presentada luego de que se han registrado ataques con drones explosivos en diversos municipios de Michoacán.
