El aspirante a la candidatura presidencial por Morena y sus aliados, Manuel Velasco Coello, del PVEM, destapó al secretario de Bienestar del gobierno de Quintana Roo, Luis Pablo Bustamante Beltrán, para que sea el candidato a la gubernatura en el 2027.
“¿Cómo les cae Pablo?”, preguntó Manuel Velasco a los asistentes de un evento que realizó en Cancún durante las giras que realizan todos los integrantes de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) por el país.
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“A ver, que levanten la mano los que les cae bien Pablo. Las mujeres que quieren a Pablo (…) Pablo es un joven trabajador, que está cerca de la gente, cerca de las colonias, de los barrios, de las comunidades, por eso me da mucho gusto ver que ustedes lo quieren mucho, desde aquí, le damos un fuerte aplauso a Pablo Bustamante”, dijo Manuel Velasco.
Posterior a estas declaraciones que hizo el senador con licencia del Partido Verde, se empezaron a escuchar porras de “Pablo amigo, el pueblo está contigo”.
Sin embargo, Pablo Bustamante enfrenta desde 2021 señalamientos de llevar a cabo despojos inmobiliarios mediante juicios amañados en Quintana Roo, como reveló Latinus en Loret Capítulo 40.
En abril del 2021, en el programa de Loret Capítulo 40 de Latinus se presentó el reportaje El Cártel del Despojo, en el que se describe cómo el entonces dirigente estatal de Quintana Roo del Partido Verde, Pablo Bustamante, junto con otras tres personas, pretendieron ser trabajadores de una empresa de tiempos compartidos, propiedad de la madre del exdiputado local Gustavo Miranda —su amigo y compañero de partido— para demandarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015.
Teresa de Jesús Ku Pat, integrante de la Junta de Conciliación, les dio la razón a Bustamante y al resto de los involucrados. Determinó que la empresaria debía indemnizarlos con una cifra conjunta alrededor de los 10 millones de pesos. El exdirigente estatal en Quintana Roo del PVEM y los otros tres quejosos pidieron como pago un departamento ubicado en la torre condominal Maioris Towers, en Cancún, —que tenía un valor aproximado de 13 millones— sin que la empresaria defendiera su propiedad.
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Posteriormente, el banco Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito solicitada por la empresaria y un representante de la entidad acudió al registro público de la Propiedad y del Comercio y se dio cuenta de que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Bustamante y de los otros tres particulares, quienes vendieron el condominio.
Bustamante y los otros tres involucrados también ganaron otras dos demandas a la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras propiedades millonarias sacadas con créditos bancarios.
Dos días después de la publicación del reportaje, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) anunció la apertura de la carpeta de investigación, aunque no incluyeron a Bustamante.
“Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”, añadió en otra parte de su comunicado la fiscalía anticorrupción cuando abrió la carpeta de investigación.
