Foto: Cuartoscuro
Por Montserrat Peralta
Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, es investigada por autoridades electorales para determinar si como jefa de Gobierno de la Ciudad de México incurrió en actos anticipados de campaña al contratar empresas que promovieron su imagen en internet.
La investigación surgió a partir de la denuncia que hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 14 de septiembre de 2022 a raíz de un reportaje de Latinus en el que se documenta cómo la administración capitalina contrató a tres empresas que publicaron mensajes a favor de Sheinbaum y en contra de otros aspirantes de Morena.
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El 8 de diciembre del año pasado, una sala especializada del Tribunal Electoral determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas, pero el PRD impugnó esta decisión. Por esta razón, el 8 de marzo pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia en donde ordenó a la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) integrar debidamente el expediente de la denuncia y emplazar a todas las partes.
Los magistrados de la Sala Superior determinaron que se vulneró el principio de exhaustividad, ya que se omitió realizar un análisis de diversas publicaciones materia de la queja “a la luz de una probable campaña publicitaria pagada con recursos del gobierno de la Ciudad de México” ni se emplazó a las partes.
Las publicaciones provienen de las empresas Comadreja Consultores, Cacomixtle Medios Digitales y Publius Estrategia, las cuales habrían violado la ley que sanciona los actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos.
Estas tres empresas fueron contratadas por el gobierno de la Ciudad de México para la publicación de contenidos en páginas de internet y redes sociales.
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Las compañías están detrás de las cuentas de redes sociales de Guruchuirer y Zocalo Virtual, así como del sitio web Noticias ZMG en las que se publicaron contenidos a favor de la entonces jefa de Gobierno y en contra de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal e incluso el INE.
La denuncia del PRD ocurrió después de que Latinus dio a conocer en Loret Capítulo 93 que dos secretarías del gobierno de la Ciudad de México otorgaron contratos a dichas empresas.
Estas compañías recibieron hasta 46 millones de pesos en al menos 13 contratos en adjudicaciones directas y dos invitaciones a cuando menos tres personas en donde por lo menos en dos procesos se simuló competencia.
Cacomixtle Medios Digitales obtuvo un nuevo contrato con el gobierno capitalino en febrero de 2023 por 2.6 millones de pesos para la prestación del servicio de creación y difusión en medios de comunicación masiva del 17 de febrero al 31 de diciembre.
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