Por Jorge Monroy
A poco más de un mes de iniciar el proceso electoral más grande la historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) estimó riesgos que podrían impactar en la organización de los comicios del 2 de junio del 2024 para renovar la presidencia de la República, las Cámaras del Congreso y de forma concurrente nueve gubernaturas, entre otros cargos locales.
El primer riesgo que observó el INE es el incremento del padrón electoral, que se estima para 2024
en 98 millones de ciudadanos en posibilidades de sufragar, lo que implicará la instalación de 170 mil casillas, unas 13 mil 193 más que en el proceso federal anterior del 2018 cuando se instalaron 156 mil 807 casillas, y 15 mil 678 más que en 2021.
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El segundo factor de riesgo que observó es la aprobación de su presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados, debido a que el instituto enfrentó para este año un recorte de 4 mil 475 millones de pesos,
promovido principalmente por el bloque de Morena, PT y PVEM.
El INE tiene como precedente de gasto los 24 mil 220 millones de pesos que ejerció en 2018 para los comicios similares de ese año, y los 29 mil 700 millones que ejerció en la elección federal intermedia del 2021.
Actualmente el órgano electoral —a través de su Comisión Temporal de Presupuesto— ya analiza el monto de los recursos que solicitará que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.
El pasado 28 de abril, al asegurar que no tiene ningún compromiso político con Morena o el gobierno federal, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, pidió a todas las áreas del instituto elaborar un presupuesto justo para el 2024, sin inflar su gasto o pedir “colchones presupuestales”.
“Los colchones presupuestales que se generan en cada institución: no caer en esas prácticas, que
en lo personal no coincido con ellas, y creo que son nocivas para la administración pública de mi
país y de todos los países del mundo”, expresó.
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“Si bien la planeación de la elección es un proceso de gran envergadura que implica una coordinación y comunicación constante entre autoridades electorales, áreas estratégicas, ejecutivas y técnicas del instituto, aunado a la suma de esfuerzos operativos, materiales, logísticos, tecnológicos y humanos, a efecto de que se desarrollen las mejores prácticas en el proceso electoral”.
“Es importante señalar que existen circunstancias ajenas a las acciones que realiza el instituto que pueden impactar en la planeación y, por lo tanto, afectar la ejecución del proceso electoral“, establece el INE el documento Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Sin “plan B”
Un factor que aliviará al INE en la organización del proceso electoral es que no tendrá que implementar la reforma electoral conocida como “plan B”, proyecto promovido por Morena y que fue declarado inconstitucional e invalidado el pasado 22 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el instituto, de haberse concretado dicho plan, se corría el riesgo de reducir el número de funcionarios de casilla, además de que se pudiera anular una elección si no se instalaba cuando menos el 20% de casillas en un distrito.
Además se ponía en peligro la emisión de credenciales de elector, ya que la reforma reducía los 900 módulos con los que hoy cuenta el INE en todo el país, y planteaba que éstos se instalaran en inmuebles de dominio público, como escuelas o centros de salud.
Así mismo, la reforma —según el INE— ponía en riesgo la certeza de los resultados electorales, ya que ordenaba un acta única por elección y que los cómputos distritales comenzara el mismo día de los comicios, pero no elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados.
Además, eliminaba la facultad de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) de apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de paquetes electorales.
En tanto, la reforma no aseguraba la equidad en la contienda, pues no consideraba propaganda la promoción no etiquetada presupuestalmente ni las expresiones de los servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas”.
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Lo que estará en juego
Aunque todos los partidos adelantaron procesos internos para elegir, principalmente, a aspirantes presidenciales, el Proceso Electoral 2023-2024 iniciará oficialmente del 4 al 8 de septiembre de este año, las precampañas arrancarán en diciembre y las campañas a partir de marzo del 2024.
El 2 de junio del próximo año se elegirá a un nuevo presidente o presidenta de la República, así como a 128 senadores (96 de mayoría relativa y 32 de representación proporcional), además de 500 diputados federales (300 uninominales y 200 plurinominales).
Además, de forma concurrente, el INE coadyuvará con los Organismos Públicos Locales de ocho entidades donde se renovarán las gubernaturas (Chiapas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla, Jalisco,
Yucatán y Guanajuato), además de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De esas entidades, cinco son gobernadas por Morena; dos por el PAN, una por Movimiento Ciudadano y una por Encuentro Social, respectivamente. Adicionalmente se renovarán 31 Congresos estatales; mil 580 presidencias municipales y las 16 alcaldías de la CDMX.
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Como resultado de la reforma político electoral del 2014, el nuevo presidente o presidenta de la República comenzará sus funciones el 1 de octubre y no el 1 de diciembre como ocurría normalmente, mientras que los nuevos diputados y senadores comenzarán su encargo el 1 de agosto y no el 1 de septiembre.
