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AP.- Quienes ahora son indigentes en las calles y playas de California a menudo tuvieron que hacer frente a una salud precaria, traumas y una pobreza extrema antes de perder su vivienda y convertirse en un grupo vulnerable, según un estudio sobre los adultos sin hogar.
La investigación, publicada en junio por la Universidad de California en San Francisco (UCSF), intenta ofrecer un retrato integral de cómo las personas se quedaron sin hogar antes de acabar sin vivienda en California y qué impidió sus esfuerzos por encontrar una casa permanente. La encuesta representativa de casi 3 mil 200 personas sin hogar encontró que cuando perdieron su vivienda, el ingreso familiar promedio era de 960 dólares al mes, y para quienes eran inquilinos de vivienda en arrendamiento era de mil 400 dólares al mes, de los cuales, en promedio, la mitad se destinaba al alquiler.
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“La gente se queda sin casa porque el alquiler es demasiado alto, sus opciones son muy pocas y no tienen margen de maniobra”, afirma la doctora Margot Kushel, investigadora principal y directora de la Iniciativa Benioff para los Sin Techo y la Vivienda de la UCSF. “Y realmente hace que te preguntes cuán diferentes serían las cosas si pudiéramos resolver ese problema subyacente”.
La indigencia es una crisis nacional, y demasiado extendida en California, donde se calcula que 171 mil personas —el 30% de todos los indigentes de Estados Unidos— carecen de hogar. Los líderes políticos están divididos sobre cómo abordar la crisis: algunos, como el gobernador demócrata Gavin Newsom, son partidarios de realizar redadas en los campamentos de tiendas de campaña y adoptar un enfoque de mano dura con los enfermos mentales y las personas con problemas de adicción.
No es noticia que los desorbitados costos de la vivienda en el estado sean uno de los principales motores del “sinhogarismo”, pero los investigadores esperan que su estudio refuerce el apoyo público a las políticas centradas en ofrecer vivienda y ayuda de emergencia a quienes pagan alquiler, en lugar de políticas que hagan hincapié en el castigo o el estigma.
Los votantes podrían tener pronto la oportunidad de opinar sobre el último enfoque del estado de California para hacer frente a la falta de vivienda. Hace un mes, Newsom dio a conocer los detalles de su plan para pedir prestados 4 mil 680 millones de dólares a fin de ofrecer 10 mil nuevas camas de tratamiento y viviendas comunitarias para personas con trastornos graves de salud mental y abuso de sustancias. Ese plan incluiría una revisión de una ley aprobada por los votantes en 2004 que imponía un impuesto a los millonarios para financiar los servicios de salud mental.
El doctor Mark Ghaly, secretario de la oficina estatal para Salud y Servicios Humanos, dijo esperar que la iniciativa satisfaga una necesidad crítica de servicios.
Sin embargo, la doctora Kushel, la investigadora principal del estudio, sostiene que la mayoría de los indigentes y quienes sufren problemas de salud conductual no requieren un tratamiento hospitalario intensivo. Más bien, agrega, necesitan viviendas combinadas con “servicios realmente sólidos”.
“La raíz del problema es la vivienda, y si queremos que las personas se recuperen y se curen, será realmente imposible si no tienen hogar”, agrega.
El plan de Newsom debe ser aprobado primero por la Legislatura estatal este año. Si el Congreso lo avala, será presentado a los votantes en marzo de 2024.
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De los encuestados, el 45% admitió el consumo actual y regular de cocaína, anfetaminas y opioides, o episodios intensos de consumo de alcohol. Algunos participantes describieron cómo el abuso de sustancias contribuyó a que perdieran sus hogares, mientras que otros defendieron su consumo de metanfetaminas alegando que les permitía mantenerse alertas y protegerse de agresiones o robos.
El equipo de Kushel encuestó a casi 3 mil 200 adultos sin hogar en California y realizó un seguimiento para realizar entrevistas a profundidad con 365 personas, entre octubre de 2021 y noviembre de 2022.
La investigación indicó que las personas afroamericanas constituían el 26% de la población sin hogar en un estado donde representan el 6% de la población general. Alrededor del 90% de los participantes vivían en California cuando se quedaron sin vivienda. La mitad reportó la incapacidad de trabajar debido a la edad, una discapacidad o problemas de salud. La duración media de la falta de vivienda era de un poco menos de dos años.
Más de un tercio de los adultos encuestados cumplieron con los criterios de falta crónica de vivienda, lo que significa que tenían una discapacidad y estuvieron sin hogar durante al menos 1 año, o bien estuvieron sin techo cuatro veces en los últimos tres años por un total de más de 12 meses.
Casi la mitad de los adultos encuestados no tenían contrato de arrendamiento en los seis meses previos a quedarse sin hogar y probablemente se habían mudado con familiares o amigos, contribuyendo al pago del alquiler cuando podían. Casi una cuarta parte citó, como las razones principales por las que se fueron, conflictos entre quienes compartían vivienda, deseo de más espacio o no querer representar más una carga para familiares y amigos.
En promedio, las personas encuestadas que no tenían contratos de arrendamiento dijeron haber recibido apenas un día de advertencia antes de ser expulsadas de sus viviendas.
Entre los entrevistados que tenían contratos de arrendamiento, más del 20% mencionaron la pérdida o reducción de ingresos como la razón principal por la que perdieron su hogar. “Así que no fue tanto que aumentaran los costos de vivienda, sino que ya no podían mantenerse a la par de estos”, explica Kushel.
California se clasifica como el estado norteamericano más inasequible en cuanto a la vivienda, según un informe anual de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. Una persona que gane un salario mínimo de 15.50 dólares por hora tendría que trabajar casi 90 horas a la semana para pagar el promedio estatal de un alquiler modesto de una habitación, que es de casi mil 800 dólares al mes, afirma la coalición.
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El estudio fue solicitado por el gobierno de Newsom, pero el estado no lo financió, por lo que eso no influyó en el análisis de datos o la interpretación de los hallazgos.
El informe hace muchas recomendaciones, incluida la expansión de la asistencia para alquiler y la ayuda en efectivo para hogares con dificultades, así como programas pilotos para facilitar la vivienda compartida.
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