Al dar a conocer el domicilio fiscal de las empresas de Xóchitl Gálvez, así como su registro federal de causantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador violó disposiciones de los artículos 16 y 133 de la Constitución, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, consideró el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAP), Arturo Pueblita.
El abogado señaló que, como lo ha hecho en ocasiones anteriores al dar a conocer información privada de particulares, como la dirección fiscal, el presidente ha violado los derechos humanos de una persona que más allá de dedicarse a la política, es una ciudadana.
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Desde el viernes 14 de julio, el presidente difundió un documento en formato PDF en el que se anotan los montos de presuntos contratos otorgados por entes públicos a las empresas de Gálvez, así como las direcciones y RFC de éstas. También enlistó los nombres de empresas privadas que la han contratado pero sin precisar si existe alguna irregularidad.
La mañana de este lunes, López Obrador insistió en que debe dar a conocer esos datos, incluida la información fiscal, porque nadie más informa de esas presuntas irregularidades. “¿Cómo me voy a quedar callado frente a un acto de corrupción?”, dijo en su conferencia.
A propósito de esas expresiones, Pueblita apuntó: “El presidente también es un ciudadano pero los ataques los ha perpetrado desde su investidura presidencial, el uso faccioso de la información que obtienen las autoridades fiscales para atacar a opositores es propio de los regímenes dictatoriales”.
El segundo párrafo del artículo 16 constitucional señala que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como oponerse a que estos se hagan públicos. Incluso dependencias de este gobierno han elaborado criterios para el manejo de esos datos personales y darles trato de información confidencial.
El INCAP también estimó que se violaron las garantías judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativas a que la protección de la honra y de la dignidad que protegen a los ciudadanos de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, así como de ataques a su honra o reputación.
Adicionalmente, se ha señalado que al divulgar información fiscal de las empresas de Gálvez se violó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que obliga al personal que interviene en la aplicación de las disposiciones tributarias a mantener esos datos en reserva.
