AP.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió el jueves un amparo al Movimiento Semilla que le protege hasta que haya resolución definitiva de la orden judicial que suspendió su personalidad jurídica, ante la crisis política electoral agudizada en el país por la orden judicial dirigida contra uno de los dos partidos político que irán a segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Horas antes, la candidata presidencial Sandra Torres se solidarizó con su competidor Bernardo Arévalo y anunció la suspensión de su campaña electoral. “Yo como candidata quiero competir en igualdad de condiciones” para el balotaje del 20 de agosto, dijo Torres. “Queremos manifestar nuestra solidaridad con los votantes del Partido Semilla y también con los que salieron a las urnas”, agregó.
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El Registro de Ciudadanos, ente de inscripción de candidaturas en Guatemala, confirmó que la Corte de Constitucionalidad había otorgado al partido de Arévalo el amparo provisional que ellos habían solicitado por considerar que el juez no tenía competencia para conocer.
Recordó que la ley electoral guatemalteca refiere que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”.
Bernardo Arévalo se pronunció desde la sede del Ministerio Público en la tarde del jueves y aseguró que había presentado una denuncia por cinco delitos contra el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la unidad contra la impunidad y quien lleva el caso contra Semilla. Que “los corruptos que han intentado robarle al pueblo estas elecciones hoy se vean marginados”, demandó.
También agradeció “la valentía del Tribunal Supremo Electoral” y a la Corte de Constitucionalidad que “se puso del lado de la verdad y la justicia y, por eso, hoy estamos comenzando el primer día de la campaña”.
Al otro lado de la valla, en la calle, unas 300 personas protestaron en la tarde frente a la sede del Ministerio Público para contra la decisión tomada contra el Movimiento Semilla. Su líder anunció que presentará denuncias contra el juez, el fiscal y la fiscal general por su intento, según reprochó, de que quedaran fuera de la contienda electoral.
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Una de las asistentes a la concentración, Rosmarie Móvil, vendedora de 76 años reclamó por lo sucedido en los últimos días. “Estoy aquí porque ya estoy aburrida de que nos pisotee nuestros deseos, lo que más queremos es decir ‘no’ a la corrupción, ¡ya basta! Bernardo va a ser el presidente de Guatemala”.
Entre los gritos de reclamo, pero también de apoyo a la decisión de la Corte de Constitucionalidad, Móvil añadió que “da pena ser guatemalteca porque no es posible que ellos nos roben, no haya justicia, no haya salud y encima nos quieren quitar la democracia ahora que sale la primavera”.
La Fiscalía de Guatemala había allanado en la mañana del jueves las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un día después de la decisión judicial contra el Movimiento Semilla por haberse constituido como partido presentando presuntamente firmas falsas, como parte de la sucesión de últimos capítulos de una crisis política sobrevenida de los comicios del 25 de junio.
El TSE emitió un comunicado en el que afirmó que “ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía (…) se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución”.
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A su vez remarcó que en lo que se refiere a la conformación y funcionamiento de los partidos políticos legalmente constituidos “la única norma aplicable en la materia es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional”.
Desde el Registro de Ciudadanos, su titular Ramiro Muñoz pidió un “voto de confianza para el TSE; hemos sido atacados, pero creo que de parte de medios, organizaciones nacionales e internacionales y, en general, de todo el pueblo de Guatemala, hemos hecho nuestro mejor trabajo y lo seguiremos haciendo”.
Las acciones de la fiscalía recibieron también reacciones de rechazo de sectores religiosos, empresarios, estudiantes, académicos, de la cooperación internacional, políticos, misiones de observación y de gobiernos como México, Estados Unidos e Inglaterra.
Desde la Casa Blanca, se consideró positiva la proclamación de resultados. Pero, en una declaración de Phil Gordon, asesor para asuntos de seguridad del presidente Joe Biden, se cuestionó el “intento del Ministerio Público de revocar el estatus legal de un partido político de cara a la segunda vuelta, socavando la voluntad de la población y la legitimidad de la elección”.
