El Instituto Nacional de Migración (INM) planteó este miércoles establecer un convenio con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFPD) para que se provea de protección jurídica a migrantes asegurados en estaciones migratorias.
Con esta propuesta, el INM busca cumplir con lo ordenado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que este órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación debe garantizar el derecho a una defensa adecuada a los migrantes sujetos a un proceso para determinar su situación en el país.
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A raíz del fallo de la Corte de asegurar el apoyo legal, el INM propuso, por medio del comunicado número 053/23, que sea el IFDP el encargado de vincular a migrantes con defensores o defensoras de oficio para que se logre asegurar su protección jurídica.
La misión del IFDP es garantizar el acceso a la justicia por medio de asesoría en materia penal.
Dicho esfuerzo cobra importancia porque de acuerdo con determinaciones de la SCJN, la defensa legal es un derecho irrenunciable para los migrantes, por lo que esa garantía es parte del debido proceso.
El comunicado del INM también precisa que ya se presentó la petición formal a Taissia Cruz Parcero, directora general del IFDP.
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En caso de lograr el convenio, se prevé que se garantice el acceso a defensores legales de oficio a las estaciones migratorias, de acuerdo con lo establecido en el comunicado.
