AP.- Varias reclusas salieron de sus celdas, sacaron a los guardias de la prisión, fueron hacia un pabellón adonde había presas de una banda rival, comenzaron a asesinarlas y luego prendieron fuego, lo que convirtió a la principal cárcel de mujeres de Honduras en escenario de una matanza en la que murieron al menos 48 mujeres, informaron el miércoles el Ministerio Público y Medicina Forense.
Los videos difundidos por el gobierno desde el interior de la prisión situada unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa mostraron varias pistolas, muchos machetes y otras armas blancas encontradas tras el motín.
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La presidenta hondureña Xiomara Castro afirmó que el motín en la localidad de Támara fue “planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad” y después de anunciar “medidas drásticas” destituyó al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y lo reemplazó por Gustavo Sánchez, quien era hasta ahora director general de la Policía Nacional.
Las reclusas llevaban semanas quejándose de que integrantes de una pandilla las estaban amenazando. Según las autoridades, la banda cumplió el martes con esas amenazas. A primera hora de la mañana las agresoras asesinaron a las mujeres. Muchas de ellas murieron quemadas y el resto baleadas o apuñaladas, dijo Sandra Rodríguez Vargas, comisionada adjunta de Centros Penales.
Juan López Rochez, jefe de operaciones de la Policía Nacional, explicó a The Associated Press que las pandilleras de Barrio 18 salieron de sus celdas, inexplicablemente abiertas, fueron a la sección de sus rivales y “comenzaron a disparar hacia dentro”.
“Parece, es una investigación por confirmar, que utilizaron aceite para prenderle fuego”, agregó. Varias de las internas lograron salir y fueron atacadas con armas blancas.
El incendio dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las literas reducidas a retorcidos montones de metal.
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Rochez agregó que se decomisaron una veintena de armas ―entre ellas un fusil AR-15, dos Uzi y dos granadas de fragmentación― y dijo que se investiga cómo llego ese armamento al interior de la cárcel ―que albergaba a más de 900 mujeres― y el papel que tuvieron las agentes que custodiaban el lugar. “Evidentemente, tiene que haber fallas humanas, las estamos investigando”.
El motín es la peor tragedia en un centro de detención de mujeres en América Central desde 2017, cuando 41 niñas de un refugio para jóvenes con problemas de Guatemala murieron después de prender fuego colchones para protestar por las violaciones y otros malos tratos que sufrían en esa institución.
El suceso más letal en una cárcel centroamericana en un siglo también ocurrió en Honduras en 2012 en la penitenciaría de Comayagua, donde 361 reclusos murieron en un incendio.
Al menos siete reclusas fueron trasladadas a un hospital de Tegucigalpa por heridas de bala y arma blanca, informaron autoridades del Hospital Escuela. El martes por la noche los portavoces del centro sanitario dijeron que dos habían sido dadas de alta y el resto se encontraba estable.
Era una tragedia anunciada, dijo Johanna Paola Soriano Euceda, quien esperaba fuera de la morgue de Tegucigalpa noticias sobre su madre, Maribel Euceda, y su hermana, Karla Soriano. Ambas estaban siendo juzgadas por tráfico de drogas, pero estaban recluidas en la misma zona que las presas condenadas.
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Soriano Euceda relató que su madre le había dicho el domingo por teléfono que “estaban regadas las muchachas (integrantes de la pandilla Barrio 18), que viven peleando con ellas y de ahí no volvimos a hablar”.
Otra mujer, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que esperaba noticias sobre su amiga Alejandra Martínez, de 26 años, recluida en el módulo uno y acusada de robo.
“Ella me contó el domingo, la última vez que la vi, que las (del Barrio) 18 las tenían amenazadas y que si no entregaban a un familiar las iban a matar a ellas”, relató.
En ocasiones las bandas exigen a sus víctimas que “entreguen” a un amigo o pariente dándoles su nombre, dirección y descripción para que los pandilleros puedan encontrarlos más tarde y secuestrarlo, robarle o matarlo.
Los funcionarios describieron los asesinatos como un “acto terrorista” y reconocieron que las bandas habían dominado esencialmente algunas partes de la prisión.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad y responsable de las cárceles, sugirió que el motín se inició en respuesta a las acciones del gobierno para liberar a las cárceles del poder del crimen organizado y aseguró que no van “a permitir bajo ningún punto el ataque o el sabotaje” por parte de la “criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de este país”.
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“No nos vamos a doblegar”, subrayó en un mensaje televisado tras el motín. “No vamos a negociar”.
Según explicó a AP Joaquín Mejía, académico del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los jesuitas en Honduras, dos de los grandes problemas de las prisiones hondureñas son el abandono que sufren por parte de las autoridades y la capacidad de control interno que tienen los reclusos.
Aunque el gobierno de Castro anunció una intervención para cambiar esta situación, el motín de Támara evidencia el fracaso de los esfuerzos para depurar a la policía penitenciaria y evitar la entrada de drogas o armas a las prisiones.
Mientras tanto, continuaba la sombría tarea de intentar identificar los cadáveres, algunos calcinados.
En las afueras de la morgue cundía el nerviosismo mientras algunos cadáveres en bolsas blancas eran trasladados desde un contenedor a un recinto interior donde se hacían las autopsias y otros cuerpos ya identificados empezaban a ser entregados a las familias. Algunas atendidas por personal de salud para poder sobrellevar el momento.
El motín del martes podría aumentar la presión sobre Honduras para que emule las drásticas prisiones de tolerancia cero y sin privilegios establecidas en el vecino El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
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Aunque la represión de las pandillas en El Salvador ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, también ha resultado ser inmensamente popular en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las bandas callejeras.
“Uno de los graves peligros es la ‘bukelización’ de la política de seguridad en el país, con todo lo que ello implica”, dijo Mejía.
