EFE.- Organizaciones civiles presentaron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae con el respaldo de 360 mil firmas ciudadanas contra el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este plan B”, señalaron en un escrito conjunto las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.
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El acto estuvo acompañado de gritos de apoyo al máximo tribunal del país y a la ministra presidenta, Norma Piña, quien ha recibido ataques del presidente López Obrador.
“La ley es la ley”, gritaban los mexicanos reunidos a las afueras del recinto de la SCJN.
Las organizaciones, que conforman el movimiento Unid@s, manifestaron que el plan B de López Obrador, promulgado el 2 de marzo pasado, es inconstitucional y viola los derechos políticos electorales de la ciudadanía.
También advirtieron de afectaciones a otros derechos humanos como el derecho de identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, y el acceso a la justicia.
Unid@s expresó que con este recurso jurídico se pretende demostrar a la Corte que el plan B atenta contra los pilares democráticos de México y cambia las reglas electorales sin importar los principios constitucionales, “sin consenso y diálogo alguno”.
El amicus curiae se entregó en la Suprema Corte por los consejeros de UNE, Beatriz Leycegui y Juan Torres Landa, acompañados de simpatizantes vestidos de rosa.
“Venimos hasta la Corte para expresar el sentir de miles de mexicanos que seguimos creyendo en la democracia y el respeto a las instituciones que nos han formado como un pueblo que elige”, señaló Landa.
La SCJN invalidó a inicios de mayo una primera parte del llamado plan B, al considerar que la mayoría oficialista de Morena incurrió en graves violaciones al proceso legislativo.
Actualmente, los ministros de la Suprema Corte mantienen la discusión de una segunda parte, que también ha sido impugnada por el órgano autónomo que organiza las elecciones en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE).
Estos cambios han causado polémica entre organizaciones nacionales e internacionales por las alertas que se han generado en contra de la democracia, el debilitamiento del organismo que organiza las elecciones y que se realizan cambios previo a la renovación presidencial del próximo año.
Algunos de los principales cambios se centran en la reducción del 80% de los salarios del órgano y la eliminación de los organismos locales.
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También se debilitan acciones afirmativas para garantizar la representación de minorías y paridad de género.
“No queremos una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria, que ignora la paridad de género en candidaturas y que implica clara regresión en cuanto al reconocimiento de los derechos de las minorías”, señaló UNE.
