AP.- Al tiempo que el expresidente estadounidense Donald Trump se prepara para una comparecencia crucial ante el tribunal este martes por cargos relacionados con el acaparamiento de documentos ultrasecretos, sus aliados republicanos intensifican, sin evidencia, las afirmaciones de que es el blanco de una persecución política.
Para defender su caso, los partidarios de Trump citaron la decisión del Departamento de Justicia, en 2016, de no presentar cargos contra Hillary Clinton —exsecretaria de Estado y su oponente demócrata en la contienda presidencial de ese año— por su manejo de información clasificada.
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Sus partidarios también se refirieron a una investigación separada de documentos clasificados que involucra al presidente Joe Biden para afirmar que un sistema de justicia de doble rasero castiga a Trump por conducta en que los demócratas han estado involucrados.
“¿Existe un estándar diferente para una secretaria de Estado demócrata y un expresidente republicano? (…) Creo que debe haber un estándar de justicia en este país”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los principales rivales de Trump.
Sin embargo, esos argumentos dejan de lado diferencias fácticas y legales de los casos, relacionadas con la intención, el estado de ánimo y los actos deliberados de obstrucción.
En 2015, el organismo de control interno de las agencias de inteligencia alertó al FBI sobre la presencia de potencialmente cientos de correos de Clinton, principal diplomática del gobierno del presidente Obama, que contenían información clasificada.
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Los investigadores concluyeron que Clinton envió y recibió correos que contenían información secreta en ese sistema no clasificado, incluida información en el nivel de ultrasecreta.
De los aproximadamente 30 mil correos entregados por los representantes de Clinton, dijo el FBI, se descubrió que 110 correos electrónicos en 52 cadenas de emails contenían información clasificada, entre ellos algunos de nivel ultrasecreto y después de un año de investigación esta se cerró en julio de 2016.
Las autoridades concluyeron que Clinton no tuvo la intención de infringir la ley. Sin embargo, el FBI reabrió la investigación meses después, 11 días antes de las elecciones presidenciales, tras descubrir un nuevo lote de emails. Luego de revisar esas comunicaciones, el FBI nuevamente optó por no recomendar cargos.
Trump se enfrenta a la imputación del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, que acusa al exmandatario de llevarse cientos de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca en 2021 a su residencia en Mar-a-Lago.
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En una valoración por lo demás duramente crítica en que condenó las prácticas de correo electrónico de Clinton como extremadamente descuidadas, el entonces director del FBI, James Comey, anunció que los investigadores no habían encontrado evidencia clara de que la exfuncionaria o sus ayudantes hubieran tenido la intención de violar las leyes que rigen la información clasificada.
Eso contrasta con las acusaciones contra Trump, quien, según los fiscales, estuvo involucrado en el empaque de las cajas que irían a Mar-a-Lago y luego tomó medidas activas para ocultar los documentos clasificados a los investigadores.
