EFE.- La jueza Elizabeth Scherer, que estuvo a cargo del juicio penal al autor confeso de la matanza de Parkland, Nikolas Cruz, debería ser reprendida públicamente por cómo manejó las audiencias públicas, concluyó una comisión de la judicatura de Florida en un informe a la Corte Suprema del estado.
Un panel de la Comisión de Calificaciones Judiciales de Florida investigó la actuación de Scherer en ese juicio mediático que concluyó en 2022 con una sentencia a cadena perpetua para Cruz, quien en 2018 mató a tiros a 17 personas en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland.
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La conclusión de la investigación, publicada en los registros judiciales de Florida, es que Scherer no hizo bien su trabajo y debe recibir una reprimenda pública, pero será la Corte Suprema de Florida la que diga la última palabra en este caso.
La jueza, de 46 años, falló especialmente al no poner freno a las “declaraciones vitriólicas” dirigidas a los abogados de Cruz por parte de las familias de las víctimas de la matanza y porque, en ocasiones, se dejó llevar por sus emociones y no por su buen juicio.
La comisión investigadora reconoció que “la publicidad mundial que rodeó el caso generó estrés y tensión entre todos los participantes”, pero señaló que eso no quita que los jueces deben “garantizar el debido proceso, orden y decoro, y actuar siempre con dignidad y respeto para promover la integridad e imparcialidad del poder judicial”.
En el informe, la comisión investigadora se destaca que Scherer, que anunció el mes pasado que se retirará como juez el 30 de junio, reconoció que su conducta durante el juicio “no estuvo a la altura” de lo que se espera de los jueces.
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Cruz se salvó de una condena a muerte porque no hubo unanimidad del jurado, un requisito que ya no es necesario en Florida, de acuerdo con una nueva ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, quien expresó su descontento por el hecho de que el joven fuera condenado “solo” a cadena perpetua.
La nueva ley establece que basta con que ocho de los doce miembros del jurado estén de acuerdo para imponer la pena capital a un condenado.
