El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló este lunes que dos exfuncionarios que fueron detenidos en 2020 tras una nueva denuncia siguen vinculados a proceso en una causa penal por el incendio de la Guardería ABC, en la que murieron 49 menores en 2009.
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“El 12 de noviembre de 2020 se detuvo a Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora nacional de guarderías, respectivamente”, dijo durante la conferencia del presidente López Obrador.
“La causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía, recordamos que esta nueva denuncia, además de las otras hechas a funcionarios del orden estatal, tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte de Justicia en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación”.
Robledo aseguró que, aunque los exfuncionarios están vinculados a proceso, la investigación se encuentra en etapa complementaria por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
En su participación, el subsecretario Alejandro Encinas, informó que se han erogado recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 personas —víctimas directas e indirectas del caso— mediante la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Particularmente a menores fallecidos, a menores expuestos, a menores lesionados y por supuesto a adultos lesionados”, aseguró el funcionario en conferencia.
Mientras que, indicó, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se emitieron 327 resoluciones favorables de los núcleos primarios y extendidos de 144 víctimas directas.
“Como lo ha señalado el presidente de la República no hay limitación, ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación y esperemos que este mismo año, ya cerremos el capítulo de lo que corresponde a las reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente”, comentó Encinas.
En tanto, abogados, padres y sobrevivientes al incendio de la Guardería ABC denunciaron que la impunidad persiste a 14 años del siniestro.
Los padres acusaron que existe complicidad entre el gobierno de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el siniestro permanezca impune.
Miguel Nava Alvarado, representante legal de 40 familias, informó en entrevista con EFE que los tribunales concedieron más de 120 amparos que representan fallos judiciales a favor de las víctimas, pero el Estado los ignora.
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“En el caso de la Guardería ABC se conjugan la injusticia y la corrupción, de las cuales se deriva la impunidad”, expresó.
El 5 de junio del 2009 en Hermosillo un incendio que inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora se propagó hacia la Guardería ABC, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad.
El hecho despertó acusaciones contra el gobierno federal, entonces del Partido Acción Nacional (PAN), y contra el estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero el abogado de las víctimas no ve la justicia que prometió el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En 14 años de litigio con la mayor parte de las víctimas podemos decir que la administración del PAN, del PRI y de Morena son exactamente lo mismo, partidos políticos y funcionarios lucran con la tragedia”, sostuvo Nava Alvarado.
Con información de EFE
