La Secretaría de Economía informó este jueves que se admitió la solicitud que presentó el gobierno de Estados Unidos bajo las normas del T-MEC para la revisión de una supuesta negación de derechos laborales a trabajadores de la planta de Goodyear en San Luis Potosí.
“Esta solicitud de revisión identifica presuntas violaciones a derechos colectivos por la negativa de la empresa de aplicar los términos más beneficiosos del contrato ley existente en la industria del hule”, se informó.
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A través de un comunicado, la dependencia federal apuntó que a partir la admisión de la solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un plazo de 35 días para investigar y emitir una determinación al respecto.
La investigación también deberá incluir “la supuesta desinformación por parte de la empresa y el sindicato que ostentaban el contrato colectivo de trabajo (CCT) respecto a la existencia de un contrato ley; así como la omisión de sancionar a los responsables de interferir u obstruir la consulta de legitimación del CCT realizada el pasado 23 de abril”.
El 22 de mayo pasado, la titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidió a México investigar si se les negaron sus derechos laborales a trabajadores de la planta de la llantera Goodyear.
La oficina USTR (por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la solicitud se produce después de que el sindicato mexicano La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) presentó una petición ante un panel de supervisión laboral, que opera entre agencias del gobierno de Estados Unidos.
La petición alega que Goodyear, que se especializa en convertir el caucho en llantas para automóviles, no ha cumplido con las disposiciones de un contrato colectivo que cubre la industria del caucho y, en cambio, firmó un contrato con beneficios inferiores en una votación irregular.
Además, desde que se presentó la petición, el gobierno de México canceló una votación de legitimación del contrato colectivo en la instalación, debido a que se detectaron irregularidades.
“El Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización (CIT, en inglés) determinó que existe evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos (laborales)”, como el de libertad de asociación y negociación colectiva, aseguró el organismo estadounidense.
Actualmente, la empresa y el gobierno de México estaban iniciando acciones legales contra los autores de las actividades delictivas destinadas a influir en el resultado de la primera votación del contrato, detalló la USTR.
