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El juez Roberto Omar Paredes declaró nulo el cateo llevado a cabo por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en la empresa Black Wall Street Capital y sobreseyó el proceso por presunta posesión de armas y cartuchos, así como por delitos contra la salud, iniciado a cinco personas que están detenidas desde el 15 de marzo.
De acuerdo con el juez, adscrito al centro de justicia penal federal del Reclusorio Sur, en el cateo que resultó en la detención de José Luis Espinosa, Juan Carlos Minero, Juan Carlos Reynoso, José Antonio Rodríguez y Hernán Samper Richard se sembraron evidencias y se manipuló la escena, por lo que declaró la nulidad del acto.
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La tarde de este jueves, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México reconoció que el juez declaró la nulidad del cateo, por tanto la invalidez de las pruebas en las acusaciones por posesión de armas y delitos contra la salud, sin embargo, sostuvo que el proceso por presunto lavado de dinero se mantenía.
Pero el defensor de los detenidos en la empresa de asesoría de inversiones, Virgilio Tanús, aseguró que al declarar la nulidad total del cateo, el proceso se queda sin pruebas y por tanto debe dictarse la libertad inmediata de sus clientes.
Indicó que ya pidieron al juez federal que informe a las autoridades de la fiscalía y penitenciarias de la Ciudad de México con el fin de que se dicte la libertad de sus clientes la noche de este jueves o en las primeras horas del viernes.
El juez absolvió a todos los acusados porque videos recabados por la defensa mostraron que los agentes de la Fiscalía llegaron a las instalaciones de Black Wall Street Capital antes de lo que reportaron en sus informes, tomaron más de 80 millones de pesos en efectivo que se encontraba en las oficinas, en moneda nacional y dólares, y se lo llevaron sin presentarlo ante el juez como prueba.
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En su momento, la fiscalía acusó a los cinco detenidos en las oficinas de la colonia Anzures de lavar dinero para un cártel colombiano de tráfico de drogas y un juez de control de la Ciudad de México los vinculó a proceso y ordenó que se les encarcelara porque consideró válidas las evidencias presentadas por el ministerio público.
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