Tribunal Electoral rechaza sancionar a Peña Nieto y a Del Mazo por supuestas aportaciones de Odebrecht a sus campañas

Foto: Cuartoscuro

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró este miércoles como infundadas las sanciones solicitadas contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por supuestas aportaciones a sus campañas por parte de la constructora Odebrecht. 

La Sala Superior del TEPJF, por unanimidad de votos, confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que había determinado como infundado el proceso sancionador en materia de fiscalización contra el expresidente de México y el actual gobernador mexiquense.

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Se buscaba sancionar a Peña Nieto y a Del Mazo por presuntamente recibir aportaciones a las campañas presidencial del 2012 y por la gubernatura del Estado de México en 2017, respectivamente.

El TEPJF detalló que la controversia se originó debido a los señalamientos de que la empresa Odebrecht, por medio de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), financió diferentes campañas electorales a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su momento, el INE consideró que no se demostraron las infracciones denunciadass para poder sancionar a los políticos priistas.

El TEPJF sostuvo que no se encontraron elementos que sustentaran la existencia de recursos de procedencia ilícita en las campañas de los procesos electorales del 2011-2012 —en el que contendió Peña Nieto— y del 2016-2017 —en el que participó Del Mazo—.

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Además, el Tribunal Electoral precisó que tampoco se encontró algún traspaso de recursos de Emilio Lozoya o la empresa Odebrecht vinculada a las elecciones. 

El tribunal indicó que las notas periodísticas que aportó el denunciante “no obtuvieron el alcance pretendido”, además de que no fueron acompañadas por otras pruebas que le dieran soporte.

Por otra parte, el 11 de mayo un juez federal rechazó la petición de la defensa de Emilio Lozoya, de analizar la prescripción de los delitos que se le imputan a su cliente por el caso Odebrecht.

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