Por Enrique Pons Franco
Nuestra información en la denominada Big Data revela patrones de vida en redes sociales, tales como actividades públicas o privadas, hábitos de consumo, viajes, ropa, comida, salud, o deportes dentro del ecosistema digital. Pero te has preguntado, ¿cómo puedo hacer para que mi información sea eliminada de la web?, ¿existe en México alguna regulación para que mis datos sean eliminados del mundo digital? A ese concepto relacionado con la supresión de la información en Internet se le conoce, entre otras formas, como derecho al olvido, derecho al olvido digital, derecho de supresión o derecho a la oscuridad digital. De eso quiero hablarte hoy.
En nuestro país la protección de datos personales se encuentra prevista en muchas disposiciones, que desde la Constitución, en su artículo 16, garantiza el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados derechos ARCO, con la excepción fundamental en asuntos de salud pública o seguridad nacional); la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (es decir, las autoridades); o el Código Fiscal de la Federación (que protege la difusión pública de tu información fiscal). Sin embargo, en México el derecho a la supresión digital de nuestra data es casi nulo.
Entérate: Malinche, la otra forma de pedir perdón
El referente obligado del derecho al olvido digital se originó hace casi 10 años en Europa, cuando un ciudadano español que había tenido un conflicto con la seguridad social en España, pese a haber resuelto judicialmente el tema del adeudo, al buscar su nombre en Google encontraba que en la meta data del motor de búsqueda, sus datos lo seguían relacionando como un deudor. Acudió entonces a la Agencia Española de Protección de Datos (equivalente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), alegando que la información que aparecía dañaba su derecho al nombre, a la imagen y a su reputación.
Las autoridades españolas resolvieron que Google tenía que remover de su buscador la información del ciudadano, lo que originó que sus filiales en España y en Europa judicializaran nuevamente el asunto. El tema llegó hasta la instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (una jurisdicción internacional parecida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y en mayo del 2014 resolvió que la empresa tiene la obligación de proteger los derechos ARCO. Como consecuencia, Google se vio obligada a establecer una política especial para tales efectos, pero solamente está vigente para los estados miembros de la Unión Europea, aquí puedes consultarla: https://bit.ly/3v6zprd
Ahora bien, regresando al caso de México, los precedentes son bastante limitados. El más relevante se originó cuando un ciudadano argumentó ante el INAI que la información que sobre él encontraba en Google lo vinculaba a un asunto de corrupción y tráfico de influencias originado durante el sexenio del presidente Vicente Fox y difundido por una revista. En 2015, el INAI ordenó a la empresa la retirada de la información. Esto ocasionó que el asunto llegará al Poder Judicial federal, que en 2016 no resuelve de fondo el tema, por cuanto hace el análisis del derecho de libertad de expresión que defendía la responsable de la publicación, y sólo ordenó al INAI otorgarle el derecho de audiencia para presentar sus argumentos, previamente a determinar si debía o no retirar la información de los motores de búsqueda. Aquí puedes leer la sentencia: https://bit.ly/34LDiax
Por otro lado, Google hizo una jugada maestra, pues realizó cambios corporativos en su filial mexicana, de forma tal que trasladó toda la operación del tratamiento de la data que recaba a empresas fuera del país, lo que deja con poco margen de actuación al INAI por cuanto hace al ejercicio del derecho al olvido digital, y en consecuencia, limita aún más nuestras posibilidades.
Te puede interesar: De los ladrones virtuales y los caballeros digitales. La lucha vs los fraudes electrónicos
No obstante lo anterior, y siguiendo la doctrina que emitió Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la tensión entre el derecho al honor, a la imagen, y a la reputación de las personas, debe prevalecer frente a los derechos comerciales e incluso, al de la libertad de expresión, cuando nuestra data es alojada o indexada a motores de búsqueda como Google Search, pues este aprovecha esta actividad para incluir publicidad asociada a los patrones de búsqueda introducidos por los internautas, contratada, a cambio de un precio, por las empresas que desean utilizar esta herramienta para ofrecer sus bienes o servicios.
Si llegaste hasta aquí, te invito a que busques tu nombre en la web y te des una idea del tamaño del problema que aún nos falta resolver en México. Mientras eso sucede, te espero en mi cuenta de Twitter @enrique_pons. Nos leemos la próxima semana.
