Foto: Cuartoscuro
Para el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sólo podrá distribuir los libros que pasen por todos los procesos previstos en la Ley General de Educación (LGE), ordenó Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
En respuesta a una demanda de amparo promovida por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) contra el uso de nuevos libros de texto de primero a cuarto de primaria, la jueza concedió una suspensión definitiva en la que se ordena usar sólo materiales revisados de acuerdo con los procedimientos que establece la ley.
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El pasado 21 de mayo el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional contra la impresión de los libros de texto gratuito que no tuvieran respaldo de los planes y programas autorizados para el ciclo escolar 2023-2024. La demanda en contra de la SEP fue presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
La resolución ordenaba a la SEP y la Comisión Nacional de Texto Gratuito verificar que se hubieran observado los procedimientos legales correspondientes para la publicación de los libros de texto. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito votó de forma unánime desechar el recurso.
Ahora, con la nueva resolución, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe verificar que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la elaboración de los programas y planes de estudio, así como su difusión a la sociedad y la comunidad educativa.
La jueza señaló que el artículo 71 de la LGE obliga a la SEP a “elaborar, editar, mantener actualizados y enviar” a los estados los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos antes de que comience el ciclo escolar.
Advirtió que si no se siguen las reglas de aprobación se deberá suspender la impresión y entrega de los libros de texto, y continuar con la producción de los materiales hasta que se cumpla con los procedimientos establecidos en la ley.
La resolución de la jueza establece que no hay prohibición a imprimir los nuevos libros, sino que las autoridades primero deben apegarse a las disposiciones de la ley. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo del que se dispone, ya que si no se hace la actualización de materiales, su envío a los estados y difusión, deberán usarse los empleados en el ciclo 2022-2023.
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“Esta resolución no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía”, advierte la jueza.
Así como establecer los planes y programas de la educación inicial y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el órgano informativo de cada entidad federativa.
Por último, se pide que antes de su aplicación se deberá capacitar a los profesores y considerar la opinión del Poder Ejecutivo y de las entidades federativas para elaborar los materiales y mantenerlos actualizados.
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