Por Héctor Gordoa
Antonio Molina Díaz, funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) bajo investigación por su presunta responsabilidad en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez, recibió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que enfrenta por la acusación de participar en el esquema de desvío de recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social ordenado por Genaro García Luna.
El Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependía de la Secretaría de Seguridad Pública cuando García Luna encabezó esa dependencia en el gobierno de Felipe Calderón.
La tarde del martes, Molina Díaz presentó la demanda de amparo en el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, sin embargo, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le negó la suspensión de plano con la que pretendía enfrentar el proceso en libertad, y solo le concedió la provisional contra la orden de aprehensión.
La juez instruyó que Molina Díaz garantizara una fianza de 6 mil 500 pesos y fijó la fecha de audiencia para determinar si se otorga el amparo definitivo para el 31 de mayo.
Los delitos que se imputan a los 61 involucrados en el esquema presuntamente ideado por García Luna, por el desvío de 5 mil 112 millones de pesos de recursos públicos, son lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.
De 1997 a 2002 el imputado ocupó el cargo de subdirector jurídico de la Dirección General de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; de 2007 a 2011 fue el responsable de los penales federales de Durango y las Islas Marías.
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Actualmente, Antonio Molina, desempeña el cargo de director general de Control de Verificación Migratoria del INM; como alto funcionario de ese organismo enfrenta una acusación por el delito de ejercicio ilícito del servicio público a causa de las probables omisiones de las que fue responsable por la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
