EFE.- La esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, actualmente asilada en México, podría ser condenada al menos a ocho años de prisión en el proceso que enfrenta por presuntamente integrar una organización criminal al interior del gobierno de Perú, afirmó este jueves la fiscalía de ese país.
“Este ministerio público concluye, como prognosis concreta de pena —conocimiento anticipado de un suceso—, que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de ocho años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García durante una audiencia sobre este caso.
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El fiscal explicó que Lilia Paredes es señalada como la coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.
Por su parte, la defensa de Paredes rechazó esos argumentos y afirmó que no existen elementos graves ni fundados para condenar a la esposa de Castillo.
“La defensa está convencida de que este caso va a decaer con el tiempo”, remarcó antes de indicar que en el supuesto de que se le dicte una sentencia esta sería de un máximo de cuatro años, lo que no implicaría el ingreso en prisión.
Luego de que el abogado señalara que no existiría tal pena probable, el fiscal aseguró que en el transcurso de la investigación se ha visto una conducta negacionista, relacionada con una conducta procesal de fuga de Paredes.
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Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria en Perú, Raúl Justiniano, señaló que la audiencia del caso continuará a las 15:00 horas del próximo 31 de mayo.
Justiniano comenzó este jueves la audiencia de Paredes tras postergarla en repetidas ocasiones, la última de ellas se llevó a cabo el lunes, por solicitud de los abogados o para que se corrijan errores en la carpeta fiscal.
El juez rechazó en marzo pasado imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar fundada la nulidad de la solicitud fiscal, que fue presentada por los abogados de la ex primera dama y sus hermanos Walter y David, investigados por presunta colusión y organización criminal.
La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
