La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar el acuerdo del 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador para proteger la información sobre las megaobras de su gobierno.
“¿Cuál es la razón para anular el decreto del presidente para las obras prioritarias? ¿Es de verdad razón jurídica? O más bien el objetivo es parar las obras. Me inclino por la segunda”, escribió Sheinbaum en su cuenta de Twitter.
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La mandataria capitalina acusó además que el “interés político” de algunos ministros se sobrepuso al interés general.
Durante la discusión de la controversia constitucional 217/202 en la SCJN, el ministro ponente José Luis González Alcántara Carrancá argumentó que el acuerdo emitido por López Obrador permitió a las dependencias gubernamentales reservar la información sin fundar ni motivar la clasificación, además de crear un régimen de autorizaciones provisionales que no cumplen con las obligaciones en materia de transparencia.
El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá obtuvo el apoyo de ocho ministros, quienes consideraron que sí hubo afectación al derecho de acceso a la información con la reserva anticipada y generalizada de los datos de los megaproyectos de este gobierno.
En tanto, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra, porque estimaron que no hubo una reserva previa de la información.
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El 22 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó un acuerdo emitido por el presidente López Obrador en el que "se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura".
Los sectores a los que se refiere son comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos.
El INAI aseguró que, al considerar esos proyectos como tema de seguridad nacional, una de las causales de reserva de información prevista en la Ley Federal de Transparencia, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.