EFE.- Más de 5 mil elementos del Ejército y de la policía de El Salvador fueron desplegados este miércoles en el municipio de Nueva Concepción, a 73 kilómetros de San Salvador, tras el asesinato de un agente por supuestos miembros de pandillas.
Se trata de un bloque de seguridad establecido en la localidad, perteneciente al departamento de Chalatenango, según lo informó este miércoles el presidente Nayib Bukele en Twitter.
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El mandatario afirmó que el homicidio del agente de la policía fue perpetrado por pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores del país, “escondidos, huyendo del régimen de excepción“.
“Desde esta madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5 mil elementos del Ejército y 500 de la Policía, en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar”, indicó.
“Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe“, agregó el mandatario.
Bukele señaló el martes que su gobierno va a arrasar con los pandilleros y que no saldrán jamás de prisión.
“Que sepan todas las ONG de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”, publicó en Twitter el mandatario.
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La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 68 mil 700 detenidos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista televisiva que unas 5 mil personas arrestadas bajo el régimen de excepción, que representan más de 7% de las detenciones, ya fueron liberadas.
Villatoro rechazó los señalamientos de diversas organizaciones humanitarias sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5 mil 82 víctimas directas de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
