El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que “hay pocas esperanzas” de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisen la constitucionalidad de la segunda parte del plan B electoral durante su discusión y que resolverán que sea invalidado.
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La semana pasada, el pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo.
“Eso es lo que ahora está en discusión y seguramente se discutirá el próximo mes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, yo creo que hay pocas esperanzas de que los ministros en lugar de ponerse a revisar la constitucionalidad de la ley, pues seguramente se va a ir por la fácil y dirán que una vez más se violó el procedimiento legislativo“, señaló el titular de Gobernación en Mérida.
La segunda parte de dicho plan, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo, también fue impugnada ante la Suprema Corte. Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad, mientras que el PRD también presentó un recurso.
El ministro Javier Laynez Potisek otorgó la suspensión en contra del plan B al admitir la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) el 9 de marzo, en contra del segundo paquete de las reformas en materia electoral.
Con la segunda parte del plan B electoral se modificaron la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
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Adán Augusto López indicó en un encuentro con empresarios y sociedad civil que el plan B proponía una “reducción menor” del aparato burocrático del Instituto Nacional Electoral (INE), y el recorte del gasto en municipios y estados en temporada electoral para la contratación de publicidad.
“La otra era que se utilizaran los edificios públicos, supongamos, el Palacio de Gobierno de aquí de Yucatán, de Mérida o el palacio municipal, el espacio para llevar más allá de las sedes del instituto o del Registro Federal Electoral, la posibilidad de que los mexicanos pudiesen afiliarse o solicitar su credencial de elector“.
“También suponía o propone esa reforma electoral, que se considere delito grave el uso de monederos electrónicos, de tarjetas de prepago, pues de las maneras, digamos, sofisticadas de influir o de comprar el voto”, agregó.
