AP.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anuló de manera definitiva los títulos de 26 abogados críticos al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos los de las juristas Vilma Núñez y Yonarqui Martínez, que han defendido a opositores presos y que aún siguen laborando en el país.
Según una resolución de la CSJ emitida la noche del jueves, 25 de los juristas afectados habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense hace tres meses, y de ellos 15 estuvieron presos y fueron expulsados del país, como parte de un grupo de 222 opositores deportados a Estados Unidos el 9 de febrero.
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Los restantes son parte de casi un centenar de opositores exiliados que también en febrero fueron declarados apátridas por el gobierno sandinista y expropiados de todos sus bienes en Nicaragua. A los 26 juristas se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus protocolos y sellos que los acreditaban para trabajar.
En la lista destaca la abogada Núñez, de 84 años y fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a quien Ortega le despojó de su nacionalidad, le congeló sus cuentas bancarias y le canceló su pensión de vejez.
El CENIDH se ha caracterizado por su defensa de los presos políticos tras las protestas sociales de 2018 en el país.
Martínez, también abogada de decenas de opositores que estuvieron detenidos, protestó el viernes por la medida en su cuenta de Twitter, “años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de Derechos Humanos”, escribió tras calificar la resolución judicial como “un acto de cobardía al no poder callar una voz”.
Tanto Martínez como Núñez se encuentran en Nicaragua. A diferencia de los demás, Martínez no ha perdido su nacionalidad y la CSJ no explicó las razones por las que decidió suspender de por vida su derecho a laborar como abogada.
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La lista de los 26 abogados incluye al reconocido escritor Sergio Ramírez, exiliado en España; a los defensores de derechos humanos Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, exiliados en Costa Rica, así como a Uriel Pineda y Mónica López Baltodano, exiliados en México.
También a los presos políticos excarcelados Ana Margarita Vijil, José Pallais, María Oviedo, Roger Reyes, Hugo Rodríguez y Edgard Parrales, este último embajador sandinista ante la OEA durante el primer gobierno de Ortega, en la década de 1980.
Otros afectados son excolaboradores de Ortega, como Rafael Solís Cerda, que en 2019 renunció a su puesto de magistrado vicepresidente de la CSJ y huyó de Nicaragua, y tres exfuncionarios del Poder Judicial detenidos y deportados en febrero. También figura el exmilitar sandinista Marlon Sáenz (alias “Chino Enoc”), detenido y deportado por sus críticas a la vicepresidenta Rosario Murillo en las redes sociales.
De acuerdo con la CSJ, estas personas “no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público”, debido a que “perdieron el derecho de ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018, cuando protestas sociales fueron reprimidas violentamente por el gobierno de Ortega, con un saldo de 355 muertos, más de dos mil heridos, miles de detenidos y más de 100 mil exiliados, según organismos humanitarios.
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La crisis se agudizó en los últimos años, cuando Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a sus principales rivales políticos. El gobierno también ha cerrado más de tres mil ONG y unos 50 medios de comunicación, mientras ha forzado al exilio a unos 200 periodistas, de acuerdo con datos de organizaciones independientes.
La oposición asegura que actualmente hay en el país medio centenar de presos políticos, incluyendo el obispo católico de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel por negarse a ser expulsado del país junto a los 222 opositores desterrados hace tres meses.
