Los senadores Emilio Álvarez y Germán Martínez lamentaron este jueves “que el gobierno de México guarde un lastimoso silencio” sobre la situación de la Cruz Roja de Nicaragua, que tras el aval del Legislativo del país centroamericano ahora es administrada por el gobierno de Daniel Ortega.
A través de redes sociales, los senadores del Grupo Plural publicaron una carta dirigida al director de la Cruz Roja Mexicana, Jose Antonio Monroy Zermeño, en la que expresaron su solidaridad a la Cruz Roja de Nicaragua, y calificaron al régimen de Daniel Ortega de “antidemocrático y antihumano”.
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“Repudiamos la mera intención y el proceder que busca arruinar a la Cruz Roja en ese país centroamericano, y, debemos decirlo con todas sus letras: robar los bienes que le pertenecen a esa institución que cura el dolor en todo el planeta”, se lee en la misiva.
Y agregaron: “Nuestra solidaridad con su quehacer, nuestro respeto a su labor desinteresada, y nuestra más categórica condena a un gobierno que desmantela instituciones que construyen desarrollo y bien general a sus comunidades. Y lamentamos que el gobierno de México guarde un lastimoso silencio frente a esta arbitrariedad inhumana”.
Este miércoles, los diputados de Nicaragua aprobaron que el gobierno de Daniel Ortega tome el control de la Cruz Roja Nicaragüense, argumentando que la institución actuó en contra de sus principios en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace cinco años, y que dejaron cientos de muertos.
“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esa Asociación (Cruz Roja Nicaragüense) actuaron en contra de estos principios”, de humanidad, imparcialidad y neutralidad, “y de su Acta Constitutiva y Estatutos”, señalaron los diputados sandinistas en la exposición de motivos.
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Y la misma Asociación Cruz Roja Nicaragüense “trasgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, agregaron.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
