La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que investigar la gestión de Hugo López-Gatell, subsecretario de Protección y Promoción de la Salud, para definir si hubo omisiones al ordenar medidas contra los efectos de la Covid-19 durante la pandemia en México, por orden de un juez federal.
El juez especializado en sistema de justicia penal con sede en el reclusorio Sur revocó la decisión de no ejercer acción penal contra el funcionario que había tomado la FGR al considerar que no existían elementos para investigar.
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El abogado Javier Coello Trejo presentó una denuncia de homicidio por omisión en contra de López-Gatell, en representación del señor Felipe Jiménez, quien murió en 2020 a causa del covid. Inicialmente, la FGR informó a la familia del señor Jiménez que no investigaría porque los hechos no constituían un delito.
Un juez de sistema acusatorio confirmó la resolución del ministerio público federal, por lo que el abogado solicitó un amparo ante el juez quinto en la materia, que también respaldó la decisión de la Fiscalía. Una nueva demanda de protección, esta ante un tribunal colegiado, resultó en la revocación del no ejercicio de acción penal y la orden de investigar.
El celebrarse la audiencia, el juez Arturo Medel expuso que la FGR debe investigar si López-Gatell, como responsable del combate a la pandemia de covid, tomó las acciones adecuadas para prevenir el aumento de contagios.
De acuerdo con la Fiscalía, el subsecretario López-Gatell ordenó diversas acciones, que incluso se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, como limitar actividades administrativas y clases en línea para evitar las aglomeraciones.
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No obstante, el juez señaló que actividades económicas, como el transporte público, en el que trabajaba Felipe Jiménez, no se interrumpieron y López-Gatell tampoco ordenó adoptar medidas de protección aplicadas en otros países.
“No podemos pasar por alto que no se advirtió que se hayan cerrado puntos de ingreso al territorio mexicano, es decir, la situación de los vuelos internacionales no se cerró. Tampoco se advierte que las personas que venían de otros lugares se les exigiera alguna vacuna o estar previamente inmunizados para no traer el virus a territorio mexicano”, señala el acuerdo del juez.
Medel también indicó que el gobierno mexicano no hizo un estudio para saber si el cubrebocas era útil para evitar la propagación de los contagios ni obligó a que se usara. “Esos aspectos tienen que ser investigados por los expertos conducentes. Son circunstancias que tiene que investigar la representación social”, ordenó el juzgador.
