Causa en Común acusa anomalías en el registro del SESNSP de víctimas de delitos

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Foto: Cuartoscuro

La organización Causa en Común informó que en el primer trimestre de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 92 mil 432 víctimas de incidencia delictiva y 542 mil 101 delitos de fuero común a nivel nacional, es decir, hubo un aumento del 10% en la cifra de víctimas y de 7% en los delitos registrados en el mismo periodo del 2022. 

A través de su estudio “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones”, en donde desglosó los datos del Secretariado, la organización advirtió que identificó que algunas cifras del SESNSP podrían indicar anomalías en la información.

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“El ‘subregistro’ indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”, aseveró en su estudio. 

Causa en Común detalló que en el primer trimestre de 2023 se reportaron 7 mil 485 víctimas de homicidio doloso, un 23% más que el total reportado en el mismo periodo de 2022. 

Además, los estados que concentran la incidencia de este delito son Guanajuato con 810 víctimas de homicidio doloso; Estado de México, con 686; Chihuahua, con 559; Baja California, 535; y Jalisco, con 523. 

“En cuanto a las posibles anomalías en torno a este delito, se observa al menos dos fuentes de incertidumbre: la primera se refiere a la probable clasificación de homicidios dolosos en la subcategoría de ‘víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad’, cuyo registro para el primer trimestre de 2023 fue de 3 mil 838 víctimas, 10% más que en el mismo periodo de 2022”, indicó. 

La organización indicó que el otro dato que pudiera generar incertidumbre sobre la presión de los registros de homicidios dolosos es el número de personas desaparecidas.

“En ese sentido, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD-NO), en el primer trimestre del año se registraron 3 mil 51 víctima de este delito. La mayor incidencia de estos registros se concentró en el Estado de México, Zacatecas y Michoacán, con 908 mil 253 y 241 personas desaparecidas reportadas”, indicó Causa en Común.

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Causa en Común detalló que los delitos que registraron un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado son el homicidio doloso con 2%, extorsión con 8%, violencia familiar con 16% y narcomenudeo con 5%.

Sin embargo, acusan que el SESNSP utiliza subclasificaciones en algunos delitos “lo que, al parecer, acota artificialmente algunas categorías de delitos de alto impacto”.

Entre los hallazgos de anomalías destacaron el caso de Sinaloa, en donde se reportó 185 víctimas por otros delitos contra la vida y la integridad personal, en contraste con las 136 víctimas de homicidio doloso. En el mismo periodo se reportaron 130 personas desaparecidas. 

En el caso de feminicidio, Zacatecas pasó de cinco víctimas reportadas en 2022 a cero en 2023. “Sin embargo, se registraron 33 mujeres víctimas de homicidio doloso”, señaló. Causa en Común documentó al menos 15 mujeres de asesinato con crueldad extrema. 

Sobre el delito de trata de personas, la organización indicó que Morelos no reportó víctimas en el primer trimestre del año, pero informó sobre 18 víctimas en la categoría de “corrupción de menores” y 14 en “otros delitos contra la sociedad”. 

En el Estado de México se reportó a 25 víctimas de secuestro y mil 475 “de otros delitos contra la libertad personal”. 

Causa en Común indicó que en Zacatecas se identificó una anomalía en el delito de extorsión el cual pasó de 158 víctimas en el primer trimestre de 2022 a 26 víctimas en el mismo periodo de 2023, lo que significaría una reducción del 84%.

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Causa en Común propone promover la denuncia ciudadana, así como el acompañamiento y apoyo especial para personas con condiciones vulnerables. 

También recomendó capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar estadísticas de incidencia delictiva y realizar la supervisión y detección de quienes proporcionen información incompleta. 

“Establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vinculados con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia”, finalizó.

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