Los integrantes de la Comisión Permanente debatieron este martes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la primera parte del plan B electoral. Los legisladores de oposición acusaron a Morena de criticar a la Suprema Corte sólo cuando da revés a sus reformas, pero no cuando las valida.
Por su parte, los legisladores de Morena acusaron que la Corte es golpista y cumple con los intereses de la oposición. Aseguraron además que el Poder Judicial goza de privilegios y excesos.
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El diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, aseguró que la decisión de la Suprema Corte fue de carácter político. “El amo de la Corte es la oposición, esos son sus dueños y a ellos están respondiendo”, afirmó. Por su parte, su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, dijo que los jueces “venden sus sentencias”.
El diputado Jorge Triana, del PAN, cuestionó a Morena si Olga Sánchez Cordero, quien es ministra en retiro, estaría de acuerdo en sus acusaciones de que “la Corte está podrida”.
“Les recuerdo que el Poder Judicial de hoy, es el mismo que cuando ella (Sánchez Cordero) estaba en la Corte, ustedes se enfermaron de poder y traicionan sus principios, no pueden atacar a la Corte cuando se han valido de ella cuando les conviene”, refirió el diputado Triana.
Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió mesura a quienes defienden a los ministros, pues argumentó que él no aplaude derroches, ni abusos, ni todos los privilegios que gozan porque son excesivos.
“Ustedes apoyan ese tipo de mafias, prácticas y elites, yo no sé por qué les aplauden a personajes que en su vida cotidiana no pueden ser ejemplos”, sentenció Monreal.
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Por su parte, el legislador priista Manuel Añorve argumentó que la Corte cumplió con su deber.
“Algunas personas siguen criticando la votación, pero vivimos en un estado de derecho y la SCJN debe hacer que las leyes se cumplan, no puede ser que primero apoyaban a la Corte y ahora la critican”, mencionó.
Ayer, el pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo.
