A dos años del colapso en un tramo elevado de la Línea 12, familiares de las víctimas acusaron opacidad en los acuerdos reparatorios con el gobierno de la Ciudad de México, al asegurar que se concretaron de manera engañosa y a favor de la constructora Grupo Carso. Por ello, aseguraron que emprenderán acciones legales contra los mismos.
Las víctimas acusaron que tras el colapso que dejó 26 víctimas mortales y más de 100 heridos, aún no hay justicia. Argumentaron que la Fiscalía General de la Ciudad de México “miente con supuestos acuerdos reparatorios para cubrir los estragos de las secuelas del colapso de la Línea 12 del Metro, que nunca han existido”.
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Ayer, la fiscalía capitalina informó que se ha logrado la firma de 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con las empresas constructoras, mientras que 12 más están pendiente de concretarse.
La defensa legal de las víctimas señaló, sin embargo, que son 14 las personas que no han fridmado el acuerdo.
“También decir que es mentira que les hayan otorgado servicios médicos, se les ha tenido que demandar por el derecho a la salud, lo dicho queda demostrado con la resolución del amparo que se acaba de ganar donde la autoridad federal el 26 de abril del año 2023 ordenó que se realicen al quejoso una valoración médica amplia y exhaustiva”, refiere un comunicado.
Los familiares de las víctimas del colapso de la Línea 12 anunciaron la creación de la Asociación de Víctimas de la Ciudad de México.
“Siguen una lucha de justicia real, que buscan obtener conforme a derecho y en unión, pues la cobertura de sus gastos médicos y psicológicos y sus necesidades básicas para subsistir dependen de lo que generan día a día, después de que todo les cambió hace 24 meses”, se lee en el texto.
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“Hoy, al igual que hace dos años, exigimos que la investigación llegue a Florencia Serranía, que sea presentada ante los tribunales, para que responda por la tragedia que sigue con un velo de impunidad que ha tendido la jefa de Gobierno, quien ahora pretender llegar a la presidencia del país”, señaló Marisol Tapia mamá de una de las víctimas.
Benítez Granados aseguró que el Ministerio Público se alejó de su papel de representante social, pues no representa en nada los intereses de las víctimas que se han negado a aceptar los términos de la reparación del daño.
