La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal indicó este miércoles que presentó una solicitud formal a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , Norma Piña, para que se determine la constitucionalidad del decreto con el que se expidió en 2018 la Ley General de Comunicación Social —fragmento de la primera parte del plan B—, antes de que se analice su reforma de diciembre de 2022.
En un comunicado, este organismo de la Presidencia precisó que llamó a la SCJN para que se resuelvan primero las impugnaciones de legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano (MC) sobre la expedición de esta ley.
La Consejería aseguró que con este llamado busca evitar sentencias contradictorias y pidió que estos asuntos se resuelvan “sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
De acuerdo con el desplegado, dicha ley se aprobó antes del proceso electoral de 2018 con el aval del PRI y el PAN, sin embargo, fue impugnada al considerar que existían vicios en el proceso legislativo.
La Consejería refirió que en la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2028, la Corte resolvió que la Ley General de Comunicación Social no concedió la suspensión solicitada y consideró que esta no tenía un carácter electoral.
Y aseguró que esa resolución fue contraria a la relacionada con la acción de inconstitucionalidad 29/2023 donde se propone la invalidez de la primera parte del plan B electoral, sobre la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, se lee en el documento.
Este martes, la Consejería acusó de irresponsable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la filtración del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán a un portal digital de noticias que propone invalidar la primera parte del plan B electoral.
