Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) criticaron las implicaciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que fue aprobada esta semana en el Congreso y que no cuenta con el respaldo de la comunidad científica.
El pleno del Senado aprobó durante la madrugada la expedición la ley que entre otras cosas, ordena eliminar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
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Ante esto, los investigadores Eduardo Aranda-Bricaire y Alma Maldonado, del Cinvestav, difundieron un texto para exponer lo que consideraron impactará de forma negativa la investigación en México, además de criticar el proceso de aprobación de la iniciativa, comprendía más de mil cuartillas que no fueron debidamente discutidas entre los legisladores de Morena, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado.
Alertaron que existe un desbalance entre los integrantes de la comunidad científica ante los representantes del gobierno en el Órgano Interno Consultivo del organismo que reemplazará al Conacyt.
Refieren que el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que el gobierno pretende crear busca incluir la participación de todas las secretarias, entre ellas las militares, como la Defensa y la Marina.
Reprocharon que se excluye a los representantes de Cinvestav, la UNAM, Anuies, UAM, IPN y otras entidades, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C, ya que solo serán ocho integrantes de todos estos sectores frente a 14 representantes por parte del gobierno.
Criticaron que el otorgamiento de las becas será para quienes trabajen en las líneas prioritarias de investigación, que serán definidas por el gobierno, mientras que las demás no tendrán prioridad.
Además, denunciaron que con imposición de ceder sus patentes y los derechos de explotación de las mismas se priva a los investigadores de generar recursos propios.
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Los investigadores explicaron que con la desaparición del Conacyt y la creación de un nuevo organismo habrá que expedir nuevos reglamentos al Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema de Nacional Posgrados “armonizando todas las reformas hechas desde el Conacyt en este sexenio”.
Reformas que han sido criticadas por académicos y trabajadores del Conacyt, que han indicado que sus derechos protegidos por la Ley Federal del Trabajo se verán afectados.
Los investigadores Eduardo Aranda y Alma Maldonado alertaron que los convenios ya firmados del Conacyt podrían verse comprometidos debido a la extinción de la dependencia.
Acusaron que los cambios también implican problemas en la fiscalización, debido a que el Órgano Interno de Control es subordinado a la Secretaría de la Función Pública. Otros problemas que abonan a la opacidad es que la persona titular del Conacyt preside la junta directiva, por lo tanto, será juez y parte.
