César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, interpuso este miércoles una denuncia ante la fiscalía estatal contra la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas que sigue su proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Según la denuncia compartida por la defensa del exgobernador, la jueza fue acusada por el delito de denegación o retardo de justicia y prevaricación, debido a los retrasos de las audiencias del caso de Duarte, quien lleva casi tres años en prisión preventiva sin recibir sentencia.
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De acuerdo con la denuncia, desde el 2 de febrero de este año estaba programada la audiencia intermedia de su caso, en la que se presentan los medios de prueba, sin embargo, por diversos motivos ha sido diferida.
El 3 de abril, la defensa del exgobernador solicitó la revisión de la medida cautelar de su cliente debido a que la salud de Duarte se vio deteriorada, pero la jueza lo rechazó al considerar que su salud era buena.
El 24 de abril se iba a llevar a cabo la audiencia intermedia, en la que la defensa de Duarte también plantearía sobreseer el caso. Sin embargo, se canceló debido a que el exgobernador fue hospitalizado un día antes por complicaciones cardiacas.
El 25 de abril, Duarte fue reingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, tras salir del hospital.
Ese mismo día, el exgobernador solicitó a la jueza llevar a cabo una audiencia para que su defensa plantee el sobreseimiento de su proceso penal y se revisen las medidas cautelares en su contra.
Sin embargo, al otro día, la jueza desechó de plano la solicitud de audiencia para debatir la medida cautelar, respecto al sobreseimiento, señaló que el tema podría ser planteado durante la audiencia intermedia sin que hasta el momento se tenga una fecha, dice la denuncia.
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Por lo anterior, la defensa de Duarte señaló que el proceso está “colmado de vicios procesales”.
“El retardo de la justicia no necesita mayor explicación para la sociedad, pues claramente se advierte que tanto la autoridad judicial como el Ministerio Público, sólo desean que el tiempo siga corriendo sin enfrentar argumentativamente y con las debidas pruebas que nuestro defendido es culpable de un delito, lo cual no es nada nuevo”, señaló la defensa del exgobernador en un comunicado.
“No es la primera vez que nuestro defendido por sí mismo o por esta defensa denuncia la falta de apego a los plazos procesales del Poder Judicial”, agregó.
El exgobernador enfrenta al menos 20 causas penales, entre ellas por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020, después de fugarse de las autoridades mexicanas debido a la orden de aprehensión que se emitió en su contra en octubre de 2019.
