Foto: Cámara de Diputados
Por José Gerardo Mejía
Con albazos legislativos, sin discutir los dictámenes ni aprobarlos en comisiones, Morena y aliados aprobaron iniciativas en la Cámara de Diputados que ceden más poder al Ejército en tierra y aire, además de más recursos económicos para su operación en el país.
La reforma a la Ley de Derechos permite que los ingresos generados por el permiso de internación para visitantes extranjeros, alrededor de 24 mil millones de pesos en 2022, que anteriormente se entregaban a Fonatur, pasen a un fideicomiso administrado por las fuerzas armadas que está a cargo de la construcción y administración de proyectos turísticos.
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La bancada de Morena usó también su mayoría para imponer su agenda y derrotar el intento de la oposición de frenar la discusión de los proyectos con mociones suspensivas y así evitar que subieran al pleno.
Durante una maratónica sesión que se prolongó por más de 24 horas de manera ininterrumpida, a propuesta de la bancada de Morena, se aprobó en fast track que el Ejecutivo federal pueda asignar, sin licitación y de manera directa, la operación del Tren Maya de manera indefinida.
Actualmente, el título de asignación lo tiene la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Tren Maya, que fue otorgado para un periodo de 50 años contados a partir del 20 de abril de 2020.
El dictamen indica que el Ejecutivo federal podrá ejercer sus facultades a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el caso de otorgamiento, interpretación y cumplimiento de asignaciones.
un fideicomiso sin estructura, atentará contra el desarrollo del turismo, que es la segunda fuente de ingresos para el país. “México requiere un desarrollo equilibrado, por lo que no hay que dejar de lado a los pueblos que generan desarrollo”.
Julieta Mejía Ibáñez, diputada de Movimiento Ciudadano enfatizó que “con esta propuesta, si aprobamos, que quede claro que el gobierno pretende ceder para siempre la administración del Tren Maya al Ejército.
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“La militarización no es ni será la solución. Hemos sido claros, no estamos en contra del Ejército, al contrario, reconocemos su gran labor en la defensa del país y cada una de sus funciones, pero este gobierno vulnera su prestigio y menosprecia la labor civil que por años le ha costado muchos recursos, tiempo y esfuerzo para fortalecerse”, indicó la emecista.
Morena, y los partidos Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) también aprobaron una reforma que refuerza el control militar del espacio aéreo mexicano.
Con las modificaciones complementarias a las Leyes de la Administración Pública Federal, Fuerza Aérea Mexicana, de Aviación Civil y Orgánica del Ejército, se permite tanto a las Secretarías de Marina como de Defensa Nacional participar en operaciones, búsqueda y salvamento aéreo.
También establecer zonas de vigilancia, conducir tareas de inteligencia, controlar operaciones en áreas previamente establecidas, así como realizar acciones de búsqueda y salvamento para resguardar la vida de las personas.
Durante la discusión de ese dictamen, Marcelino Castañeda, diputado del Partido de la Revolución Democrática resaltó que no se entiende “la urgencia de militarizar a nuestro país, violentando reiteradamente el proceso legislativo y la riqueza democrática que en este recinto se deposita”.
Sergio Barrera Sepúlveda, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó la sesión como “uno de esos días negros” en la Cámara de Diputados.
“El pleno de esta soberanía recibió del Ejecutivo federal una iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes, para que es estudiara y que posteriormente dictamináramos, pero extrañamente eso nunca sucedió”.
Una iniciativa más es la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo con la que destinará el 80 por ciento de los impuestos federales recaudados a turistas extranjeros a megaproyectos de infraestructura de la Sedena.
La iniciativa fue aprobada por Morena y aliados la madrugada de este miércoles y enviada al Senado de la República, luego de que se rechazó posponer su discusión y votación.
Laura Lynn Fernández Piña, diputada del PRD aseveró que “la improvisación puede tener consecuencias no deseables para nuestro país, porque el derecho de no residente, es decir, el DNR, se cobra a los turistas que generan ingresos por casi 24 mil millones de pesos”.
“Cada turista paga en promedio 638 pesos, cifra conservadora por ingresar a nuestro país”, indicó Fernández Piña.
Recordó que los centros turísticos como son Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Huatulco, Loreto, Bahía de Banderas, Playa Espíritu en Escuinapa y Costa Lora. Reitero, están “integralmente planeados y atendidos por Fonatur”.
“Qué pasará con el mantenimiento de estos destinos turísticos. No vayan a pretender municipalizar esa responsabilidad, ya que los ayuntamientos no cuentan con los recursos necesarios para esta tarea”, advirtió.
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