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Barra de Abogados advierte que las reformas de AMLO en materia administrativa violan el marco constitucional

Barra de abogados advierte que las reformas en materia administrativa afectan el Estado de Derecho
Foto: Cuartoscuro

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. señaló este martes que la iniciativa de reformas a diversos ordenamientos en materia administrativa, presentada por el Ejecutivo federal ante el Congreso, afecta el Estado de derecho y los derechos humanos, así como los principios de certeza y seguridad jurídica.

En un comunicado, la Barra de Abogados recordó que la iniciativa se encuentra dividida en tres ejes: revisión de actos de corrupción, prevención de actos lesivos al interés público o que causen daño al erario y fortalecimiento de la Administración Pública Federal.

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Sin embargo, señaló que contiene propuestas de reformas que son violatorias al marco constitucional y legal vigente.

Entre ellas, dar el otorgamiento de facultades discrecionales al Poder Ejecutivo Federal y la ampliación de los supuestos por los cuales se podrá llevar a cabo la revocación o terminación anticipada de contrataciones, sin el correspondiente resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

La Barra de Abogados aseguró que la iniciativa también da la posibilidad de desarrollar obras o proyectos sin contar previamente con las licencias o permisos correspondientes.

Asimismo, incluye diversas causales de revocación del acto administrativo, basadas en los hechos o actos supervivientes que afecten el interés público, general o social, o la seguridad nacional, entre otros.

Y el establecimiento de nuevas causales ambiguas de procedencia para iniciar un juicio de lesividad o de nulidad.

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Por lo anterior, la Barra Mexicana llamó al Congreso de la Unión “para que el contenido de la iniciativa sea materia de un profundo análisis y deliberación que respete el Estado de derecho, a los derechos humanos y los principios de certeza y seguridad jurídica”.

El pasado 28 de marzo, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en materia administrativa, y fue turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población para su análisis.

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