El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a un segundo proceso penal por el caso Ayotzinapa, por los delitos de tortura y desaparición forzada.
Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó vinculación a proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada en contra del exprocurador, pero descarto hacerlo en el cargo de coalición de servidores públicos.
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Durante la audiencia que duró más de 10 horas, y comenzó por la tarde del viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Jesús Murillo Karam de cometer delitos de lesa humanidad, ya que durante su gestión en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló también que Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, presunto integrante de Guerreros Unidos, fue una víctima de tortura. Se señaló que fue víctima del delito de desaparición forzada, ya que entre la hora de su captura y su puesta a disposición ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pasaron cuatro horas sin que se supiera su paradero.
También se dio a conocer que Felipe Rodríguez y 14 de sus familiares fueron espiados por las autoridades con el software Pegasus.
El juez determinó que Murillo Karam, cuya causa penal es la 41/2023, deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte, una medida que ya cumple, pues le fue impuesta en agosto de 2022 cuando se le vinculó a otro proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Se determinó que el plazo para la investigación complementaria será de seis meses, por lo que la fecha límite será el 23 de octubre de este año.
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Murillo Karam fue uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que participó en las investigaciones del caso Ayotzinapa y presentó la “verdad histórica”, la versión oficial de la desaparición de los normalistas.
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador General de la República dijo que los 43 estudiantes de Escuela Normal Raúl Isidro Burgos habían sido secuestrados, asesinados, y que sus cuerpos fueron calcinados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según la “verdad histórica” del caso, los estudiantes habían sido confundidos con miembros de Los Rojos, grupo delictivo con el que se disputaban la plaza.
Sin embargo, investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa revelaron que la Secretaría de Marina (Semar) alteró el basurero de Cocula, un mes después de la desaparición de los normalistas.
