Una jueza federal otorgó al contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, una suspensión provisional contra la orden de aprehensión girada en su contra por el incendio del centro migratorio de Ciudad Juárez, que dejó 40 muertos.
La jueza del Séptimo Distrito de Chihuahua concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión que tiene Salvador González. Sin embargo, la misma no aplica para los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, como lo es homicidio, por el cual es acusado.
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La juez sentenció que Salvador González deberá comparecer de manera física y personal para la celebración de la audiencia inicial, y deberá acreditar ante el juez que le otorgó la suspensión que acudió a la audiencia.
El día de ayer las autoridades informaron sobre la detención de otros tres funcionarios del INM por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos.
La primera detención fue de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de recursos materiales en la oficina de representación del INM en Chihuahua. Posteriormente se dio a conocer sobre la detención del coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza Cumplido.
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También fue detenida Cecilia Rivera Tena, funcionaria del departamento de operación, seguridad y custodia del INM, aprehendida en el municipio de Ascención, en la colonia Puerto Palomas.
Estas detenciones se suman a los cinco aprehendidos por la muerte de los migrantes: tres funcionarios del INM, un guardia de seguridad adscrito a una empresa privada y el migrante que presuntamente inició el incendio. Una sexta orden de aprehensión en contra de otro guardia aún estaría pendiente de cumplimentarse.
Autoridades federales informaron que tanto los guardias de seguridad como los funcionarios del INM dejaron encerrados a los migrantes, lo que devino en su muerte. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que “quien tenía la llave de la celda no estaba”.
Estos hechos han ocasionado el reclamo internacional para las autoridades mexicanas. La ONU exigió que se realice una investigación independiente de los hechos, mientras que el gobierno de El Salvador exigió la renuncia de los responsables de la política migratoria en México.
