foto: Twitter, Raúl Bolaños-Cacho Cué
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó este miércoles que Francisco Garduño seguirá como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta que una disposición legal lo inhabilite o lo sujete a proceso por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos.
Durante su visita a la sede del Senado de la República, el funcionario respondió a medios que “hay que esperar el resultado de las indagatorias” ante la pregunta de si era necesario que Garduño se separara del cargo para permitir que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por el incidente avance.
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“Esperemos el resultado de las indagatorias que, por ley, corresponde a la Fiscalía General de la República (…) Dejemos que las investigaciones que haya sigan su curso normal y que estén tuteladas bajo la secrecía que la misma Constitución reconoce”, indicó.
Asimismo, apuntó que mantiene constante comunicación con Francisco Garduño, ya que diario le reporta la situación que hay en Ciudad Juárez tras el incendio.
“Yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido Francisco Garduño, quien hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas”, dijo.
Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra Francisco Garduño por el incendio.
La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
La dependencia también explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Tras el suceso en el que murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, el gobierno de El Salvador lo calificó como un “crimen de Estado”.
Con información de EFE.
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