La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó la noche del lunes que fue detenido Florencio Román Messina, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, por los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado en agravio del gobierno estatal y de la sociedad.
Según un comunicado, el 22 de noviembre de 2010, Román Messina, cuando se desempeñaba como secretario del gobierno de Ney González y en representación del estado, compró un inmueble en el ejido Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas, por la cantidad de un millón 500 mil pesos.
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Sin embargo, el inmueble nunca ingresó al patrimonio de la Secretaría de Administración, ni al patrimonio del estado de Nayarit, incluso a la fecha del 29 de marzo del año 2023 la propiedad pertenece a otra persona.
Tras ser detenido, el exfuncionario fue puesto a disposición del juez de control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la ciudad de Tepic, para dar continuidad a los trámites legales tras los cuales se resolverá su situación jurídica.
La fiscalía destacó que Román Messina ya se encuentra sentenciado por otra causa penal, por los delitos de falsificación de documentos en su modalidad de uso y ejercicio indebido de funciones, mismos que derivan de un desvío de fondos públicos de cerca de 90 millones de pesos, durante el ejercicio fiscal 2010 y 2011.
En noviembre del año pasado, la fiscalía de Nayarit informó que el exgobernador Ney González es prófugo de la justicia tras no localizarlo durante la ejecución de dos órdenes de aprehensión en su contra.
El exmandatario es acusado de los delitos de desvío de recursos, ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos en modalidad de uso.
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En conferencia de prensa, el fiscal Petronilo Díaz Ponce explicó que entre las carpetas de investigación abiertas está la del desfalco al fideicomiso de Bahía de Banderas, en donde se muestra que hay un daño al erario público de aproximadamente 800 millones de pesos, por la presunta compra y venta de terrenos.
El modus operandi, según el fiscal, funcionaba a través del pago de las propiedades a proveedores fantasmas con quienes simulaban la entrega del dinero en efectivo.
