EFE.- El expresidente peruano Pedro Castillo, en prisión preventiva desde diciembre pasado por su fallido autogolpe de Estado, fue sancionado con 15 días de limitación de las comunicaciones, después de haber publicado una carta en Twitter, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El comunicado del INPE precisó que el pasado 26 de enero se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo por una presunta falta disciplinaria con respecto a una carta firmada y publicada en Twitter, teniendo en cuenta que los internos no pueden usar teléfonos móviles.
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La carta de Castillo iba dirigida a los mandatarios asistentes a la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que se declaró preso político de la dictadura de Dina Boluarte, la actual presidenta del país.
El Consejo Técnico Penitenciario del penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido, determinó que se le imponga “la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, conforme al Código de Ejecución Penal.
El INPE agregó que esta medida implica “la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo” de la sanción, pero no impide el ingreso de sus abogados ni su participación en las audiencias judiciales.
Asimismo, los congresistas no están impedidos de ingresar al penal en el ejercicio de sus funciones, detalló el ente oficial.
Castillo fue detenido el 7 de diciembre pasado, cuando anunció un golpe de Estado e intentó dirigirse a la embajada de México, donde finalmente su esposa e hijos recibieron asilo.
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El exmandatario afronta en prisión preventiva un proceso por los delitos de conspiración y rebelión, y otro como presunto líder de una organización criminal que supuestamente se instaló en el Estado, durante su gobierno, para adjudicar obras públicas a cambio de dinero y favores políticos.
Este martes, Castillo afirmó, durante una audiencia de apelación contra su detención, que es un preso político y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar justicia ante la inseguridad jurídica que, asegura, se está creando en Perú.
Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe y otros 36 meses por presunta corrupción, el expresidente aseveró que se está creando una inseguridad jurídica no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional porque, dijo, “cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un antejuicio político”.
El antejuicio es un proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios.
Esta supuesta vulneración de su derecho al antejuicio es, junto a la aparente falta de un alzamiento armado, el principal argumento de la defensa de Castillo para pedir al Poder Judicial que anule la orden de prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos que, hasta la fecha, no han prosperado.
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“Es la primera vez en la historia del Perú que se detiene a un presidente en funciones sin antejuicio político y yo, hasta este momento, no he renunciado a mi derecho al antejuicio político”, insistió el maestro de escuela rural que se impuso en los comicios presidenciales de 2021.
